Karl Held – Emilio Muñoz

El Estado democrático

Crítica de la soberanía burguesa

§ 8
El bien común.
La política económica.

Debido a los límites que el estado, al cumplir con sus funciones, tiene en los recursos de la sociedad, persigue en su presupuesto el objetivo de reducir sus gastos y aumentar sus ingresos. A él le interesa la eficacia económica de sus ciudadanos, y relativiza entonces sus actividades con los efectos que ellas tienen para la riqueza nacional. Todas sus medidas le son medios para acrecentar el bienestar general, o sea que somete las funciones indispensables de su poder para la sociedad al criterio del crecimiento económico, hace política económica.

Como el crecimiento económico coincide con la multiplicación del capital, el uso productivo de la propiedad privada, la política económica es un asunto sencillo y parcial. Mientras que en sus servicios hacia los propietarios (§ 5 b) el estado descubre instrumentos preciosos para la obtención de objetivos económico-sociales óptimos, sus medidas para conservar a los asalariados (§ 5 c) se le antojan costos que reducen la riqueza de la nación. En el aumento del bienestar general, noble abstracción del antagonismo de las clases sociales, el estado impone el interés de la clase capitalista. No se conforma con establecer las condiciones para los negocios de esa clase social, también actúa para eliminar los obstáculos que se interponen a su ayuda. Los gastos necesarios los compensa hábilmente mediante el ahorro en sus departamentos de asistencia social. Los dineros que la clase trabajadora ahorra, de grado o por fuerza (aportes sociales), el estado los desafecta de su finalidad para que sirvan a la economía.

Como la intervención del estado en la economía representa el sometimiento del poder público a las necesidades del capital, sirve también a las leyes inmanentes de la acumulación del capital. El estado observa para que todo el dinero de la sociedad que se convierta en capital, permite la acumulación a los capitalistas sin consideración a la estrechez del mercado e impulsa con todos sus medios la reducción de la capacidad consumidora de las masas, de modo que la crisis le manda practicar su política económica como política de coyuntura. Ésta consiste en hacer de los efectos perturbadores de la acumulación recursos para proseguirla. La contención de la crisis reposa en el empleo del instrumentario político-económico de manera que valga la pena de nuevo la inversión. Además de los regalos oficiales requeridos por los capitalistas es indispensable en estos casos el empleo masivo de la fuerza y la moral, para adiestrar como corresponde al material humano explotable damnificado. A su impotencia frente a la marcha crítica de la acumulación del capital el estado le agrega su potencia sobre las víctimas de ella.

a) Cuando el poder del estado actúa en función de la riqueza de la nación, hace valer el punto de vista del bienestar general contra los ciudadanos y fuerza a su pueblo, al que le interesa la riqueza privada para perseguirla, a hacerse medio de la riqueza social, la que entonces se revela como abstracción de las necesidades de los ciudadanos y como la afirmación de los esfuerzos de los individuos por excluir a otros de la riqueza producida. En tanto el estado hace asunto propio el incremento de la riqueza social en manos privadas sus medidas son actos inequívocos en favor de aquellos ciudadanos cuyo oficio es acumular riquezas. Esto implica también la crítica oficial real de esos miembros de la clase capitalista que no pueden sostenerse en la competencia, y porque no lucran en el cálculo general de la economía nacional sólo representan pérdidas. El estado es justamente el capitalista total ideal, o sea da vigencia, separado de la clase capitalista, al interés económico general de esa clase, porque ella misma asume su propio interés sólo en la competencia.

El estado burgués trata económica y socialmente a las masas trabajadoras de su pueblo como lo que son: el material para esa forma de riqueza social. Claro que no puede librarse de tomar las medidas necesarias para garantizar la aprovechabilidad de la clase obrera y su conservación, pero siempre le resulta el rendimiento de quienes trabajan insuficiente y sus pretensiones, desmedidas. Desde el punto de vista de la política económica se ve entonces claro por qué todas las medidas socio-políticas del estado, siempre condicionadas al requisito de la disciplina laboral, tuvieron que serle arrancadas por los trabajadores con la lucha y el sacrificio: el criterio supremo de esas concesiones yace en su utilidad para el crecimiento económico, es decir es un criterio negativo. Todo lo que el estado hace en el campo social se dirige a evitar las perturbaciones que amenazan el proceso de la acumulación por parte de trabajadores no-aprovechables. Como tales perturbaciones a los capitalistas individuales les son indiferentes, en tanto su negocio marche bien, el estado se ve forzado a conservar esa condición esencial de los negocios, imponiéndosela con su fuerza a la misma clase burguesa. El estado critica a la competencia entre los capitalistas desde el punto de vista de la clase capitalista en su conjunto y la limita cuando se comporta destructivamente hacia su propio medio: el trabajador; y el interés de clase del trabajador el estado lo critica desde el punto de vista de la competencia entre los trabajadores, obligándolos a la brutalidad contra sí mismos, a arreglárselas individualmente como puedan con todas las consecuencias del trabajo asalariado, que se pueden evitar sólo con la acción consciente de la clase obrera que desiste de competir.

En la subordinación de todas sus tareas, en cuyo cumplimiento el estado actúa como sujeto político de la economía, al criterio del crecimiento económico, en la relativización de todas sus funciones de acuerdo a ese objetivo supremo de la política económica, coinciden en forma directa la causa del estado burgués, la libre competencia, con su propósito: ser agente consciente del contenido de la competencia, que como se sabe no hace libres a los individuos sino al capital. No hay ninguna decisión del estado que no tenga su criterio último en su relación con el crecimiento económico, lo que da también a los ideales de la competencia su sentido oficial.

Esos ideales adquieren otro sentido cuando los ciudadanos, haciendo hincapié en sus intereses, tienen que vérselas con la riqueza de la nación. Todo ciudadano espera del crecimiento económico su provecho económico personal, vuelve la identidad de riqueza social y propiedad privada contra el estado y reclama de él medidas político-económicas para prosperar. Unos lo hacen seguros de sí mismos, porque son los representantes privados de la riqueza de la nación; y los otros, con una suerte de moral defensiva, rogando y con esperanzas en que su laboriosidad, que hace florecer la economía, tenga algún día otra recompensa que la obligación a vivir modestamente.

Los desencantos que sufren quienes están excluidos de la riqueza son el principio básico de la crítica social revisionista, que levanta la bandera de la riqueza nacional contra su forma social, la propiedad privada, y reprocha al estado que con una distribución injusta de la riqueza daña la efectividad de la economía nacional. Los revisionistas propagan así el ideal de un estado que, mediante la concentración en sus manos de todas las decisiones económicas, haga más eficiente la explotación de los trabajadores.

Los fascistas, por su parte, en aras del crecimiento irrestricto de la riqueza de la nación proponen sacrificar no sólo a los trabajadores inaprovechables sino también a los capitalistas inservibles. Pretenden que el estado imponga a la sociedad la acumulación de capital sin parar en sus contingencias negativas.

b) El estado, que con su política económica se convierte en "motor" del desarrollo económico, no está dispuesto a confundir la necesidad de sus funciones para el modo de producción capitalista con la utilidad de las mismas. Él halla que todos sus esfuerzos dedicados a la conservación del capital son faux frais, costos que sólo garantizan el incremento de la riqueza privada restándole recursos. Entonces el estado mide todas las prestaciones que brinda empleando la parte de riqueza socializada que él administra, en los efectos positivos que ellas tienen sobre los negocios de los propietarios privados. El estado trata a sus actividades como factores de la economía, y conforma su realización de acuerdo a las ventajas de ellas para el lucro. Convirtiendo unas en instrumentos político-económicos, y reduciendo otras a cargas molestas, el estado da a sus funciones el carácter diferenciado que le interesa y asegura que en ningún caso se abuse de ellas como recurso del ciudadano.

Cuando el estado tiene en cuenta, al organizar la actividad científica y educativa, los intereses inmediatos de las asociaciones empresariales, o cuando al planear el sistema de transportes y comunicaciones, se orienta según las cargas financieras para el mundo de los negocios, o cuando aplica de manera muy condicionada sus propias leyes sobre el respeto de la libre competencia, aunque no relativiza en ningún caso su autonomía frente a los capitalistas que compiten, sí relativiza las barreras, que la separación entre política y economía impone a su funcionalidad. El cuidado sumo con que el estado usa de la fuerza contra la propiedad privada tiene su razón de ser en el propósito de sus medidas. Porque su interés es el incremento de la riqueza social en la forma de propiedad privada el estado emplea su poder contra los propietarios sólo si así fomenta el crecimiento de la propiedad privada.

También el carácter compulsivo de las medidas compensatorias oficiales, de las que los trabajadores necesitan hacer uso, se debe a los objetivos político-económicos del estado. Él somete toda concesión hacia la clase trabajadora a su propósito: afianzar el crecimiento de la propiedad privada. Mientras que la austeridad en los servicios oficiales para la clase propietaria se aplica sólo si es provechosa para esa clase social, frente a los trabajadores la austeridad pública es principio rector y garantía para que el estado social del que ellos dependen, sea medio del capital. Así que el estado además de mezquinar en el reparto del ahorro coactivo entre los obligados a ahorrar, les cobra bien caro todos sus actos sociales bienhechores.

c) 1. Al abastecer a la sociedad con dinero el estado nota que él la priva de una parte de la riqueza privada para atender sus funciones oficiales indispensables, y también que los requisitos que él crea para los negocios, ocasionan toda clase de gastos. Por eso el estado economiza en la circulación monetaria valiéndose del crédito, a quien hace cumplir funciones como dinero, que en las transacciones privadas sólo en parte asume. El propósito de la institución Banco Central es el uso del crédito sin las molestias de los intereses privados. La economización alcanzada mediante la emisión estatal de billetes de banco se completa con la simplificación del sistema de pagos entre los bancos, que hace innecesarios mayores recursos pecuniarios.

2. El ahorro de costos de circulación, que el estado hace efectivo al garantizar la validez del papel moneda circulante, si bien ocasiona la disminución de sus gastos, y con ello la reducción de los costos improductivos del capital, no contribuye de manera positiva alguna al crecimiento económico. Hasta el mismo estado se ha dotado de una instancia, el Banco Central, que integra la totalidad de las operaciones crediticias y monetarias de la sociedad y ejerce la administración técnica del presupuesto, pero que en sí misma no es un instrumento para la promoción del crecimiento económico. El dinero que está bajo su administración entonces lo maneja de manera que su uso en manos privadas sirva a la economía, y que él, como creditor, participe del crecimiento de la riqueza privada. Como oferente de capital el Banco Central sin embargo contradice la identidad, ya puesta en tela de juicio por la forma del crédito, del provecho económico de los capitalistas con el beneficio oficial, ya que siguiendo pautas político-económicas, se presta a facilitar créditos que ningún banquero privado daría, vistas las condiciones de su negocio. Y ya sea que el estado participe de una sociedad por acciones o que a través de la gestión de su Banco Central entregue avales a los bancos privados para negocios crediticios anormales, siempre relativiza su propio provecho económico desde el punto de vista del capitalista total, que sólo se sirve de la economía para servirla. Si entra de socio en una empresa lo justifica por ser de interés para la economía nacional, y a la demanda fluctuante de créditos por parte del capital, reacciona modificando la tasa de descuento, y siempre que trata a sus finanzas se preocupa con todas sus fuerzas de eliminarles a sus capitalistas las dificultades que éstos le traen a colación. El estado fomenta la propiedad privada, por su preocupación en el crecimiento económico, aún cuando ella misma se ha creado en el mercado de capital y de dinero sus trabas, y en la noble tarea le vienen muy bien los fondos aportados a la fuerza por la clase obrera.

3. Los empresarios ("la iniciativa privada") aprovechan con alegría la riqueza social que el estado pone a su disposición para que engrandezcan su patrimonio. Amplían la producción hasta el momento en que el reembolso del capital se atranca, y entonces el empleo de trabajadores deja de ser rentable. En la caída de los pedidos y en la falta de liquidez de sus ciudadanos preferenciales el estado descubre que se ha acumulado capital por demás (por demás en relación a su empleo productivo para incrementarlo), cuidándose sin embargo de considerar la insolvencia de cierta gente como lo que es. Totalmente comprometido con el punto de vista del mundo de los negocios, el estado imagina la crisis del capital como un problema de escasez de dinero; que también se puede interpretar como la falta de ánimo para usar créditos demasiado caros. Que en su versión teórica la formulación de tal punto de vista genere cantidades de tautologías no molesta para nada al sentido del deber del estadista, ya que tanto los efectos como las causas lo impulsan a la misma acción político-coyuntural.

Porque el estado quiere eliminar los obstáculos (y no la causa de ellos) que aparecen en el mercado de dinero a la inclinación de los capitalistas a la inversión, les ofrece dinero barato mediante el uso de la reserva de efectivo mínima, la tasa de redescuento del Banco Central y los títulos de la deuda pública, como instrumentos político-económicos. También fortalece la susodicha inclinación con ofertas de ocasión, que van desde licitaciones, hasta subsidios a la inversión y reintegros impositivos.

4. En tales casos, los recursos indispensables el estado los da, aunque él no los tenga. El interés en el crecimiento económico aniquila cualquier reparo sobre los efectos inflacionarios del aumento de la deuda pública, ya que además el estado puede probar la sinceridad de su voluntad a economizar en las partidas sociales de su presupuesto. Porque el político de turno al frente de la economía distingue de manera notable entre gastos "improductivos" y aquellos que posibilitan el crecimiento del capital, y ahorra en los primeros por partida doble: en la crisis, las pretensiones legales de un número creciente de personas a hacer uso de las prestaciones sociales (seguro de paro, pensiones), le sirven al estadista para decretarles a quienes están sujetos al ahorro compulsivo un aumento de los aportes, y a los beneficiarios de tales servicios nuevas y más duras condiciones para acceder a ellos. Cuando el poder público les hace el cuento a los afectados de que el dinero de sus aportes ha sido usado productivamente, aunque les dice la pura verdad no es cierto que la "liquidez" de las cajas del seguro social sea pasajera. Ese dinero ha sido convertido en capital, y jamás volverá a estar a disposición para costearle la vida a quienes lo aportaron, lo aportan y lo aportarán. Las sabias prerrogativas legales sobre el necesario déficit fiscal ordenan siempre esa conducta austera del estado. La otra cara de la utilización para fines extraños de esos fondos afectados específicamente consiste en el esfuerzo oficial para hacer que el pueblo, mediante el aumento constante de los aportes, cubra los costos inevitables de las prestaciones sociales. Por eso tiene el estado cierto interés en la plena ocupación que le parece un medio adecuado para la estabilidad, tanto del valor del dinero como de los precios, que él mismo destruye con su política de crecimiento económico.

5. Como la plena ocupación es sólo un instrumento de las medidas oficiales que estimulan el crecimiento, ni figura como un objetivo primario de la política económica ni se contradice con la desocupación (cuya definición estatal es precisamente la fijación de una tasa de desempleados). Un político realista, primero de todo, convierte el pleno empleo en un ideal al que hay que acercarse dando la vuelta por el pleno empleo del capital. Puestos de trabajo hay sólo si los empresarios se los pueden permitir. La indispensable ayuda oficial a la inversión crea entonces, por un lado, los requisitos básicos para los puestos de trabajo, y por el otro obliga a eliminar el obstáculo que para la inclinación a invertir es el alto costo de la mano de obra. Darle dinero a los empresarios no basta, porque además todo depende de que ellos puedan, economizando en el trabajo, organizar una producción rentable. Su cálculo de costes debe mejorarse hoy para que puedan crear puestos de trabajo mañana. Las inversiones del presente son el aporte de la clase obrera al pleno empleo... ¡de la inversión! El sometimiento de los trabajadores a la racionalización el empleo de más ira bajo con menos mano de obra, objeto de las primeras inversiones que el capital realiza para salir de la crisis, hace de la cesantía provocada la antesala alegre de las inversiones de expansión", que se hacen cuando el cambio de la relación salario-rendimiento recomienda la absorción de una parte del ejército obrero de reserva para impulsar el crecimiento. Por lo tanto el estado completa su ayuda a la racionalización, suministrada mediante su endeudamiento, con esfuerzos para mantener la paz social, que él mismo amenaza sin cesar. La causa de la sujeción legal de la lucha salarial le parece al estado el imperativo razonable de su política económica coyuntural.

6. Cuando el estado practica la política económica como política coyuntural es porque se ha acostumbrado a que su actuación no evita las crisis sino que las gobierna. El estado cumple su papel de servidor de la economía libre conscientemente e implanta sus medidas para someter la sociedad al ciclo del capital. Su interés es el buen funcionamiento de la economía libre de mercado, con todas sus formas preñadas de antagonismos. El estado sabe que su manejo de la crisis no sólo prepara el camino al nuevo auge sino también a la próxima depresión. Por eso el saneamiento de su presupuesto no es para él un fin en sí mismo, sino la conservación de su función: como estado maneja la competencia, también en el boom, de acuerdo a las necesidades que ella tiene; de tal contradictorio in adiecto dan fe todas las medidas oficiales en materia de política coyuntural en esa etapa del ciclo:

- La demanda creciente de crédito por parte del capital en el período de su expansión, el estado la toma como motivo para restringir el mercado de dinero ni bien nota, aparte de los aumentos de precios, en el volumen crediticio de los bancos un "deterioro de la estabilidad monetaria", como efecto de su propia actividad estimuladora para traer el auge. Su alegría por el presupuesto mejorado se le acaba enseguida frente a las consecuencias del auge, que anuncian el fin del mismo. (Aquí descubre el estado, de paso, en las relaciones de su economía con el exterior, un cuarto objetivo de su política de coyuntura.) Entonces el estado se atiene, a diferencia de los capitalistas que de las condiciones fáciles para hacer negocios quieren sacar alguna que otra ventaja adicional, a conservar la funcionalidad plena del sistema financiero que los capitalistas industriales amenazan arruinar. El estado exige de estos últimos que sacrifiquen una parte de su riqueza por la estabilidad monetaria, o sea los fuerza, en interés de la prosecución de sus propios negocios, a tener consideración hacia los requisitos de los mismos. El anuncio oficial de la cancelación de la "política de dinero barato" es sólo el prólogo de la crisis, pero también la condición para que ésta se desarrolle como le corresponde a un medio del capital. La restricción de la acumulación es entonces un deber del estado, porque su continuación irrestricta lleva a su interrupción y a la ruina de sus requisitos.

- Al haber hecho el estado un deber oficial el hacerles notar prácticamente a los capitalistas de que han preparado la próxima crisis, les reclama durante el boom una parte de sus ganancias, adicional a los impuestos normales, para la devenida necesaria contención de la crisis. Fondos de reserva para el reajuste coyuntural y cosas por el estilo conforman el seguro obligatorio del negocio futuro de los capitalistas, que a diferencia del seguro social del trabajador ofrece una seguridad real, ya que sus fondos están y quedan afectados expresamente a sus fines.

- A los trabajadores el estado los exhorta a no aprovecharse de la demanda en aumento de mano de obra que el auge económico trae consigo, o sea que no anulen las malas consecuencias, para ellos, de la racionalización. Pero como la competencia entre los capitalistas durante el periodo del auge estimula el comportamiento económico-político insensato de los trabajadores, al estado le interesa que los salarios no sean sin más ni más derrochados para el consumo personal de los obreros. El aumento del poder de compra de los salarios es indeseable en los tiempos en que sirve para algo, y debe dejar paso a la previsión individual para la época de las vacas flacas, que clavado vendrá. Para el economista que maneja la coyuntura el ahorro es la primera virtud del comprar, y el único problema es que no puede presentarse, a diferencia de los fondos de reserva a los patrones, como ventajoso a los afectados, lo que hace necesario la propaganda intensiva y el fomento oficial del ahorro popular.

7. Todo estado burgués hace entonces política de coyuntura, es decir se esfuerza, reconociendo que las perturbaciones en el crecimiento de la riqueza privada son la forma necesaria de ese crecimiento, en hacerlas el fundamento positivo que lo asegure. Como las medidas oficiales anticíclicas son reacciones a las amenazas sobre la libre competencia surgidas de ella misma, el estado en su actuación político-económica manifiesta que sus principios abstractos (§§ 1-4), que sirven a la preservación por la fuerza de la forma de la competencia, además son medios con los cuales él impone la finalidad de la competencia contra sus trabas inmanentes. Separado de la sociedad el estado la sujeta a la acumulación de capital, y con su poder reivindica frente a los actos de los agentes privados del modo capitalista de producción la finalidad que tienen, y que ellos mismos ignoran.

El objetivo de la política es el aprovechamiento del capital. El estado fuerza, tanto a los propietarios privados como a los privados de propiedad, a ganarse el sustento aprovechándose mutuamente en la competencia de modo que al usar de sus fuentes de recursos, al perseguir sus intereses personales, incrementen la propiedad. El estado entonces se comporta positivamente frente a los antagonismos de la competencia y de las clases sociales, y por eso negativamente frente a todo esfuerzo de los competidores que impida o perturbe la colaboración de todos los agentes de la producción. Aunque jamás interviene en el transcurso del ciclo para prohibir los choques antagónicos de los individuos y de las clases, mucho le interesa al estado que los daños y perjuicios que los sujetos privados se causan mutuamente compitiendo rindan provecho. El estado regla la destrucción de la fuerza de trabajo y de capital de manera que ella garantice la utilización productiva de ambos:

- Organiza la legislación económica para que la competencia entre el capital bancario y el capital industrial se realice con utilidad para ambos; o bien aboga, con su actividad compensadora, por la montonera respectiva de capitalistas damnificados: regulación global de la economía. Siempre el estado asume los riesgos a los que el "sistema de la economía libre de mercado" se expone cuando un sector u otro practica desenfrenadamente su interés en la competencia, y en todos los casos muestra conocer muy bien la ley fundamental de la acumulación capitalista que el incremento de la riqueza exige sacrificar periódicamente una parte de ella a su forma;

- Dispone la sujección legal de la lucha salarial de forma que los sindicatos actúen como medios de la competencia entre los trabajadores, o vía pacto social como voceros de la política económica oficial abandona la ayuda social a las víctimas necesitadas de ella en manos de sus propias organizaciones y/o juega al estado social. Actos oficiales que revelan el gran misterio de toda política de coyuntura: los antagonismos en el campo de los capitalistas tienen solución sólo si el estado logra acostumbrar, a los propietarios de la fuente de ingresos fuerza de trabajo, a lo insuficiente de su fuente de ingresos. El fuego graneado moral: saber moderarse, afrontar los riesgos de la vida, el dinero no es todo, despedirse del materialismo, todos somos socios, tener en cuenta la economía nacional, etc., o sea trabajar mucho, comprar y ahorrar, ha dado sus frutos si hay coparticipación sindical en las empresas, ahorro popular para la formación de capital, convenios colectivos de acuerdo al momento económico y luchas por el reconocimiento político del sindicato; y ha sido infructuoso si el programa oficial para la coyuntura va acompañado de luchas obreras por reclamos económicos.

d) Al hacerse dependiente de la riqueza nacional, el estado se vio obligado a emplear sus recursos para el incremento de la propiedad privada, y la política económica tuvo su punto de partida en los esfuerzos del poder político en compensar la pérdida de sus potencialidades económicas con el progreso económico de la sociedad, de la cual él participaba. El estado debió someter las funciones tradicionales y heredadas de su conservación como poder al criterio de la producción de riqueza, tuvo que utilizar los medios propios que sacaba a la sociedad, los impuestos, para fomentar la propiedad productiva, y ordenar el resto de sus actividades teniendo en cuenta sus efectos económicos. La pérdida de su función como sujeto económico junto con sus trajines despiadados para enriquecerse le hicieron ver en la práctica que el derroche de sus dineros, el déficit fiscal, debía subordinarse a la acumulación de capital; y los movimientos convulsivos cíclicos de la coyuntura le mandaron, en bien de su propia conservación, actuar como sujeto político de la economía, y hacerse, con sus reacciones, portavoz de la acumulación.

La demanda creciente de crédito por parte de los capitalistas productivos (industrialización) inculcó al estado la necesidad de cooperar jurídicamente en la especulación bursátil con títulos y acciones, y de poner su dinero a disposición directa o indirecta para financiar proyectos económicos prometedores, con cuyos beneficios él mismo especulaba. Los conflictos entre el capital productivo y el capital financiero, que en la prosecución de sus ventajas económicas respectivas se dañan y dañan a la economía, llevaron muy temprano a la autoridad a decidirse en favor del capital productivo, utilizando a su Banco Central como medio de conservación de las funciones del crédito. A través de la experiencia de la periodicidad de los ciclos económicos y de los efectos permanentes de su endeudamiento, el estado se compenetró también de que el sacrificio de riqueza propia y social es un medio imprescindible para incrementarla, y que para eso se prestaban (y se prestan) muy bien los recursos de los trabajadores. Por eso el estado supo disponer las concesiones hacia ellos de manera que sirvieran a la economía y que comprometieran al trabajador a observar la paz social, el requisito fundamental, para el establecimiento (ya antes de 1929) del crecimiento cíclico sin trabas.

e) 1. Las dificultades reales que el estado halla cuando maneja los antagonismos económicos de su sociedad dieron origen a la ciencia de la economía política, la ciencia burguesa por excelencia, y tanto histórica como lógicamente la primera ciencia del estado. Por lo que en ella se puede estudiar como el interés del estado en los acontecimientos sociales forja el interés en explicarlos y lo destruye.

Como el estado nada estima más que el crecimiento económico, que tiene lugar pero justamente no siempre, y va acompañado de convulsiones periódicas regulares, o sea porque el crecimiento capitalista tiene como su condición la aniquilación periódica de riqueza, los economistas no teorizan a partir de la abundancia sino de la escasez de bienes. La aspiración estatal en superar esa escasez, o por lo menos en mantenerla a un nivel aceptable, los "sabios intérpretes del sentido común" la traducen en la búsqueda de los factores de la producción que aparte que no hay muchos, combinan entre sí como "los gastos de notario, la remolacha y la música". Pero eso no estorba para nada a los economistas porque ellos sólo quieren informarse de lo que los representantes de dichos factores pueden hacer, primero, con ellos, y segundo, para el crecimiento, lo que los lleva derechito al tercer gran interrogante de qué podría hacer el estado para la utilidad de los mismos. Los dos primeros "complejos de cuestiones", sin ser pequeños, integran la microeconomía porque se los relaciona con la dimensión del estado, cuyo punto de vista es la macroeconomía. La primera se dedica a equiparar cada una de las categorías económicas con el provecho, que sus representantes o propietarios son capaces de extraer de ellas. El dinero, por ejemplo, es... mejor dicho cuando uno compra lo hay, cuánto depende de todo lo que uno puede comprar, sin él no se puede comprar nada, porque todo tiene un precio que sería difícil y complicadísimo de estimar sin... ¡el dinero! El suelo, no puede reproducirse a voluntad. El capital sí, si no no se lo gasta. Cuántos bienes cuestan un metro cuadrado de suelo y un capital, depende asimismo del precio que ellos alcanzan. La macroeconomía considera de nuevo todo lo anterior desde la mira de en qué medida todo lo pequeño en la vida económica conduce a resultados que se correspondan con el anhelo estatal del crecimiento. La teoría del crecimiento imagina modelos en los cuales los factores del crecimiento han sido combinados de manera que desaparecen las perturbaciones, por lo que sólo son modelos, cuyo defectuoso realismo se disculpa con lo caprichoso de las inclinaciones humanas en el consumo, el ahorro y las inversiones. La teoría del equilibrio contempla lo mismo desde el punto de vista explícito del ideal de las desproporciones desagradables, recoge advertencias de la teoría de los ingresos, porque tiene a la realización de su ideal como un problema de distribución. No sorprende que la búsqueda de las causas de las crisis, lo único que a los economistas les molesta del capitalismo, tenga su coronación con la teoría de las coyunturas. Ésta se apoya con razón en toda la obra teórica de los economistas al concluir que el asqueroso subibaja de la economía es imposible que tenga su causa en la economía misma. La lista de culpables es entonces tremenda: desde la naturaleza irresponsable del ser humano hasta las manchas solares, todas generan el caos y la ruina en una conformación de los problemas económicos a la medida del ¡ser humano! Sólo una cosa queda en pie: el estado, que mediante su política económica debe salvar de su destrucción al dinero, los precios, al equilibrio, etc. Ninguna rama de las ciencias económicas deja de lado la sabia conclusión fundamental, que hasta lo más insignificante de la vida económica, una vez explicado tautológicamente a partir de la competencia, reclama que se lo coloque bajo la mano protectora del estado. Los economistas, al decir que sus teorías nada valen si el estado no se preocupa realmente por la conservación de los objetos que ellos no han explicado sino bendecido, expresan en tal imbecilidad la condición verdadera de su existencia.

Las contribuciones de los pensadores de la economía política pertenecen al pasado, a aquellos días en que el capitalismo se impuso como modo de producción. Entonces el interés teórico por el capitalismo, que apareció polemizando contra las clases dirigentes de la vieja sociedad, se valía todavía de la verdad. Adam Smith, y Ricardo reivindicaban el capitalismo con explicaciones del valor, del capital, etc., y Ricardo se las vio en apuros teóricos ni bien se avivó que su gran respeto por el nuevo modo de producción era incompatible con una aclaración del mismo: y porque no abandonó simplemente sus razones teóricas a la preferencia de la confirmación práctica del capital, no pudo faltar la acusación de comunista. (Ver Teorías sobre la plusvalía y El Capital, T.I., pág. 19 de la edición alemana.) Cuando la ciencia económica vulgar se impuso, se hizo digna de ese nombre.

2. Porque el estado en su actividad político-económica procede contra todos los ciudadanos, es decir que critica prácticamente tanto los intereses de aquellos a quienes sirve como las pretensiones de los asalariados, legitima, presentándola bien arreglada con ideologías, su actuación; la que si bien es la base para toda clase de alegatos cívicos, no puede esperar jamás la adhesión incondicional de por lo menos uno de los campos de ciudadanos enfrentados. Lo que en los conflictos entre estado y ciudadano, si se desarrollan en esferas abstractas, todavía es posible, el acuerdo principista, es aquí imposible. Ya que no se trata precisamente de principios sino de su aplicación inmediata, de restricciones de los intereses materiales de los ciudadanos. Mientras que en estos casos los agentes del estado son incansables en su prédica que las medidas oficiales en cuestión sólo en apariencia van contra los ciudadanos, a éstos no les entra en la cabeza que el estado actúe para favorecerles.

Los representantes del poder señalan primero que nada que la política económica es una cosa complejísima, porque tiene que hacer frente a objetivos conflictivos. Lamentan que ella deba moverse "en el marco del orden de la economía de mercado y que deba contribuir simultáneamente a la estabilidad de los precios, a un alto nivel de ocupación, al equilibrio del comercio exterior y a garantizar un crecimiento económico razonable", una política económica con cuatro patas, que si tuviera tres ya le sobraría alguna. Los efectos indeseables de su potente actuación en favor de la competencia el estado los declara consecuencias de su impotencia. Se remite por lo general al parecer de que sólo quiere reaccionar como poder público frente a las arbitrariedades, y acusa a partes diversas del pueblo de comportamiento económico insensato, de lo que una parte no se salva jamás. Culpables de que al pueblo le falte todo lo que quiere tener, el estado los tiene siempre a mano. Él mismo se considera como el único a quien le interesa satisfacer todos los intereses, y la necesidad de que todo quede como está la deja proclamar por la autoridad de la ciencia económica, que provista ya desde hace rato con el punto de vista del estado, fundamenta con pronósticos las medidas del poder público. Así, las condiciones bajo las cuales el estado alcanza sus fines, devienen leyes, cuyo carácter coercitivo se oculta tras la máscara de la ciencia.

Los ciudadanos no se dejan aplastar por los reproches que les lanza el estado, y le demuestran a los economistas que también saben manejar su modo de argumentar. Claro que la metamorfosis del ciudadano en un asesor oficial de política económica, la presentación de su interés como el interés general, tiene una importancia muy distinta para la imposición de los intereses en juego. Mientras el estado en principio nada tiene que objetar a los muchos comprobantes de los capitalistas que las pretensiones obreras son puro estorbo al crecimiento económico, cuando los sindicatos hacen responsables justo a los empresarios de la ruptura de la armonía social, el estado simplemente no les lleva el apunte.

- A los empresarios y a sus organizaciones, los impuestos que tienen que pagar siempre les parecen muy altos. De ahí que le recriminen al estado lo mal que le hace la tributación fiscal a la competitividad internacional, y cuán de nocivos son sus efectos sobre la estabilidad de los precios. Por supuesto que los impuestos también les impiden crear puestos de trabajo (la profesión verdadera y social de todo capitalista), porque además el estado procede con el dinero y el crédito siempre al revés de lo que a ellos les vendría bien. A toda medida oficial en ese campo los capitalistas le echan en cara su mal momento. En otra fase del ciclo hubiera sido positiva para la economía nacional, pero ahora la perjudica. Por último, resumen toda su crítica en que la mejor política económica que el estado puede hacer es mantenerse al margen de la economía, queriendo decir con esto que la mejor forma en que el estado puede fomentar sus negocios es apoyándolos incondicionalmente; eso sí, la tributación fiscal de los asalariados no la ven con malos ojos. Además de que gasta demasiado en las obras sociales, los capitalistas critican al estado porque no llama al orden a los sindicatos y les tolera que pongan en movimiento la espiral inflacionaria de salarios y precios, un mecanismo sumamente dañino para la economía, que el estado a veces debe enfrentar atentando hasta contra la libertad de precios, en vez de hacerlo contra los salarios. Cuando sería el deber oficial fijar las líneas básicas de la política económica tratando sólo con los representantes autorizados del bienestar general, las asociaciones patronales, el estado se permite el descaro de consultar a los sindicatos sobre cómo querrían implementar el crecimiento económico, va camino a ser un estado sindical que sacrifica la razón económica a los chantajistas de la lucha de clases; y lo que todavía es peor, no se conforma con la libertad para firmar convenios colectivos de trabajo, fuente de incontables amenazas al crecimiento, y con todo desparpajo plantea la democratización de la economía una maquinación marxista cien por cien para imponer a los dueños de fábricas órganos de coparticipación sindicales, que sin asumir responsabilidad alguna quieren decidir sobre el uso de la propiedad ajena.

- Por el contrario, la posición de los sindicatos frente a las alternativas sobre política económica es sumamente positiva. Mientras que los patrones, presentando la identidad del bienestar general con sus intereses, critican al estado porque al no favorecerlos todo lo necesario, por eso no estructura como debiera la economía, los sindicatos, si critican al estado lo hacen diciendo que él no aprovecha los intereses de los trabajadores correctamente para la economía. Los sindicalistas adoptan el punto de vista de los economistas, se declaran en un todo de acuerdo con ellos, y partiendo de la comunidad de propósitos oficiales y sindicales empiezan a proponer correcturas. A los pronósticos económicos interesados de los expertos contratados por el gobierno, les arriman pronósticos más optimistas de equipos de economistas sindicales; y para pagarlos malgastan los fondos de huelga. En el salario de sus afiliados descubren que tiene la cualidad de ser poder de compra, por lo que abogan por una distribución óptima de los ingresos; niegan rotundamente el antagonismo entre los costos salariales y el crecimiento económico, y apelan diariamente a la armonía posible entre los interlocutores sociales, a la que también aspira el estado con su programa de paz social. Esta mentira sindical es el fundamento de todas las "amenazas" del tipo que los sindicatos no podrían seguir garantizando su lealtad hacia el desenvolvimiento económico si sus advertencias son ignoradas una y otra vez. Para no estar obligados a la sinrazón de tener que reclamar más salario los sindicatos ruegan se les dé coparticipación en todas las decisiones posibles del estado, con las que éste impone el bien común, y se desahogan en ofertas que proponen cómo, mediante la administración sindical se pueden regular y dosificar mejor los daños y perjuicios de sus afiliados, indispensables para promover el bienestar general. Los sindicatos también piden del estado leyes que hagan ver a los trabajadores, con la gula del sindicato, el sentido del ahorro, porque tales edictos ayudan a ahorrar... ¡salarios! Para rematarla pretenden hacer valer su interés en el crecimiento económico continuo, que reconocen como la condición del pleno empleo, hasta con algunas contravenciones, como la política de orientación estatal de la inversión. También se defienden con razón, pero en vano, de la sospecha de comunismo, levantada debido a sus intenciones de participar del crecimiento. El ideal de la armonía social que los sindicatos adoran no se diferencia en nada del ideal del estado, el que sin embargo lo emplea para realizar su provecho y el de los capitalistas, mientras que los sindicatos lo propagandizan en nombre de intereses a los cuales él no sirve. La exigencia sindical de un trato justo del trabajador es idéntica a una crítica social que no sólo se somete a las necesidades de la política, sino que pide someterse, que reclama la imposición conjunta, con el estado, de las medidas político-económicas indispensables, y que sirve de fundamento al nacionalismo sindical.

Los fascistas se caracterizan porque quieren hacer realidad el estado clasista ideal, un estado que tiene por igual de "valiosas" a las operaciones de todas las clases sociales, siempre que se ejecuten decentemente como servicio al pueblo en su conjunto. Los fascistas critican la competencia por las perturbaciones que ocasiona al crecimiento de la riqueza de la nación y ven la tarea del estado en restaurar la armonía, que le falta a la propiedad privada, mediante la violencia del poder político para asegurar la riqueza nacional. El estado fascista decide en lugar de la competencia, y encomienda el crecimiento económico si la explotación ha dejado de ser rentable para la propiedad privada.

Los revisionistas por el contrario, quieren realizar el estado social ideal, socializar la propiedad privada en favor de las víctimas de la explotación y comprometer al estado a controlar la competencia. Se debe competir sólo para el estado, lo que si bien exige la eliminación de los capitalistas (sus funciones son asumidas por funcionarios estatales asalariados), se basa en la explotación de los trabajadores. La revolución revisionista, cuyo preludio es la democracia antimonopolista, utiliza primero al capital para el estado, para servir a los trabajadores, y luego utiliza sólo a los trabajadores, cuya existencia garantiza el estado. Los representantes del revisionismo han enriquecido las doctrinas de la economía política con la ideología del capitalismo monopolista de estado. En materia político-económica representan el proletarismo monopolista de estado.