Karl Held – Emilio Muñoz

El Estado democrático

Crítica de la soberanía burguesa

§ 7
La política fiscal.
El presupuesto.
Endeudamiento público.

El estado, con el cobro de impuestos que sirven a los ciudadanos, afecta directamente el progreso económico de éstos, y entonces, tanto los recursos como los servicios oficiales, tienen sus límites en el éxito económico de la gente, cuyas condiciones necesarias el estado no debe hacer peligrar con una tributación desmedida. El estado debe cumplir con sus funciones, pero con medios limitados. En su plan presupuestario él administra la asunción de sus tareas, sus gastos, para la que cuenta sólo con entradas fiscales limitadas. El estado decide la distribución de los recursos para las diversas funciones de forma tal que el desempeño reducido de ellas satisfaga a la conservación del modo antagónico de producción. El estado afirma el carácter indispensable de su actividad cuando no repara en los recursos reales existentes para cumplirla; conserva su capacidad funcional mediante el endeudamiento.

a) En las disposiciones legales que promulga contra él mismo, el estado admite los límites económicos de los servicios que presta. Estas leyes tienen como fin la conservación de la capacidad funcional del estado, que como consecuencia de los recursos limitados que la sociedad le entrega está permanentemente amenazada. De acuerdo a tal propósito el estado ejerce el principio de la administración contable unificada, que coloca a sus fondos libres de cualquier reclamo jurídico de sus ciudadanos. Todas las entradas fiscales son en principio recursos para todos los gastos, que a su vez una vez resueltos acatan el principio de la asignación definida. Al principio de no afectación va unida la prohibición de fondos de reserva que no asignen dineros públicos a fines determinados y que, indiferentes de las necesidades del momento, eludan la libre disponibilidad. La afectación y la especificación fijan los fondos de una partida de gastos para un fin determinado en un lapso prefijado. Todos estos hermosos principios deben impedir que el gobierno en su política presupuestaria descuide funciones para las cuales existen recursos, que desperdicie éstos en gastos inútiles, y que mediante manipulaciones contables transforme déficits en un presupuesto equilibrado.

b) Como el estado al confeccionar su presupuesto debe considerar "el volumen y la composición de las erogaciones previstas en sus relaciones recíprocas con el desarrollo probable del conjunto de las potencialidades de la economía", y semejante pronóstico, por la libertad que él da a los sujetos económicos, le resulta muy difícil, entonces ya de antemano el estado se perdona sus cálculos fallidos. Con la ayuda de la cláusula de garantía de fondos ordinarios (compensación entre las partidas del presupuesto con excedentes y déficits), y la cláusula sobre transferencia de saldos (pagos diferidos al próximo año fiscal), el estado elude todos los correctos principios que él mismo había establecido. También hace lo necesario cuando, debido a que el gobierno calculó mal al elaborar su presupuesto, se concede el derecho de operar con partidas "extraordinarias" y "adicionales". Y porque el dinero indispensable se acabó si todo el existente ya ha sido asignado, existe una legislación sobre las condiciones a cumplir cuando el estado quiere endeudarse. La deuda pública es parte normal y corriente de la política financiera burguesa porque el estado debe asumir sus funciones, aún y justamente cuando a raíz del fracaso económico de sus ciudadanos en la competencia, éstos no pueden proporcionarle los recursos requeridos, y las colisiones entre ellos son causa de perjuicios y motivo de sacrificios.

c) Mientras el estado en su relación con la competencia entre los capitalistas ("capitalista total ideal" § 5 b), cuida que los intereses del capital bancario no amenacen la función del sistema crediticio para la acumulación del capital industrial y pone límites a la acumulación de capital monetario hecha inflando el negocio crediticio, con sus deudas, el fisco contribuye a aumentar el crédito. Siempre y cuando sean las suyas al estado le importa un comino que las deudas circulen y sean usadas para su fictiva conversión en capital. Que los títulos de la deuda pública, al circular como moneda giral "garantizada" por el estado, influyen sobre la oferta y la demanda de crédito, y que el resultado se llama inflación, el estado lo sabe y lo tiene en cuenta. Por supuesto que tampoco las consecuencias de la inflación, el agravamiento de los conflictos con las clases sociales debilitadas en el poder de compra del salario, hace que el estado abandone su política de déficit presupuestario.

d) Al ser la deuda fiscal el recurso del estado para asumir sus funciones de conservar la sociedad de clases, el estado asiente que sus derechos sobre los ciudadanos están vinculados a su dependencia económica de ellos. La soberanía fiscal del estado descansa en el haber renunciado a sus potencialidades económicas directas, en su conversión en un poder que usufructúa de los propósitos económicos de sus súbditos. El estado burgués, en sus comienzos, era él mismo un sujeto económico; como tal se volvió dependiente del comercio y la industria, y fue obligado entonces a hacer concesiones. La cesión de la riqueza y del derecho a su empleo a capitalistas privados fue el camino hacia el estado moderno, que sirve a su sociedad cuando la domina. (Ver el papel del crédito en la acumulación originaria.)

e) La esfumada estabilidad de los precios le interesa al ciudadano sólo cuando ella se hace notar en su bolsillo, cuando lo que él debe comprar le cuesta más caro. En principio desea de todo corazón que las partidas presupuestarias de las que espera beneficiarse estén bien provistas. Su aporte a la discusión pública sobre el erario fiscal se agota por lo general en el carácter superfluo que anota a los gastos que cubren necesidades que opina no son las suyas. La prosecución exitosa de sus negocios privados es lo que más le importa al ciudadano, entonces hay quienes están a favor del estado "social", contra la seguridad nacional interna y externa y hasta critican, por elevados, los emolumentos de los funcionarios públicos. El argumento de la contra, que también la hay, señala los costos desmedidos de las prestaciones sociales oficiales (¡Suecia!), descubre que son los ciudadanos quienes las pagan y se pronuncia decididamente contra la administración del individuo y de su felicidad por el estado benefactor. En este campo la cumbre de la posición "crítica" la escalan de nuevo los revisionistas con su famosa alternativa: ¡más presupuesto para la educación, menos presupuesto militar!, que tiene menos éxito que la de sus adversarios, que reclaman la reducción de los gastos sociales del estado para fomentar, directa o indirectamente sus ganancias privadas. La forma más elevada de la pureza cívica se deja manifestar en el anhelo de "finanzas ordenadas", compartido por todo fascista, quien siempre censura la irresponsable gestión gubernamental democrática. Por supuesto que una vez en el poder los fascistas practican un manejo de los dineros públicos mucho más generoso que cualquier gestor demócrata. Su política, la política de un estado del pueblo, que se declara "libre e independiente" de los requisitos económicos de la sociedad, conduce al uso de la soberanía fiscal y monetaria para la creación de recursos sin base económica. El poder político se hace valer entonces saldando de continuo deudas, corriéndolas a la columna de su haber.