Karl Held – Emilio Muñoz

El Estado democrático

Crítica de la soberanía burguesa

§ 6
Los impuestos.

Para asumir sus tareas frente a los ciudadanos el estado les reclama los impuestos. Todos deben contribuir con una parte de sus ingresos a mantener a los agentes del estado, a la imposición del derecho, a fomentar la propiedad privada, y a sostener el trabajo asalariado. Como el estado obliga a todos por igual al abono tributario les hace pagar, a unos por la seguridad de su propiedad, y a otros por la inseguridad de su existencia. El estado como condición del modo capitalista de producción limita la riqueza de los sujetos privados competidores, priva de una parte de sus ingresos a todas las clases sociales, y sólo así cumple con su deber sagrado. Como faux frais (gastos necesarios) de la producción capitalista el estado sirve al crecimiento de la propiedad privada y vela por la reproducción de la clase obrera, responsable de ese crecimiento. Para servir a la riqueza privada el estado se apodera de recursos sociales y ordena de acuerdo a ese fin la recaudación de los mismos.

a) El estado ejerce la soberanía fiscal que determina que el pago de los impuestos no es intercambio alguno. Los impuestos son prestaciones en dinero que no representan contraprestación alguna por una prestación definida. Su recaudación el estado la exige con el deber de la declaración de impuestos y la organiza con su aparato oficial del cálculo de la tributación.

En sus leyes tributarias el estado debe garantizar en primer término que a él no le falte nada: la medida de la parte de riqueza social que reclama para sí debe definirla de manera que tenga dinero suficiente para cumplir con sus funciones. A causa de la igualdad, que también en este campo el estado democrático oficializa, él se sirve de una parte de los ingresos de todos y cada uno de los ciudadanos. Aquí choca con el desafecto de algunos, sobre todo de aquellos cuyo único "patrimonio" del que pueden disfrutar es su sueldo, por lo que casi todos los estado modernos han ideado una nueva forma de recaudación del impuesto a los réditos: la retención del impuesto en el origen. Como la gravación proporcional de la renta ni de lejos corresponde al aumento de la propiedad privada, cuyo fomento obliga al estado a aumentar sus servicios, hay, por un lado una tributación progresiva, mediante la que el estado aprovecha de las notorias diferencias de los ingresos y prueba la cantidad de dinero que le sobra a cierta gente, y por el otro, impuestos a la propiedad. Los ingresos de personas jurídicas se gravan con el impuesto a las sociedades, y los haberes que no hacen parte directa del consumo son imponibles de acuerdo a su tasación: impuesto sobre los bienes y el capital, e impuesto a la ganancia.

Con el impuesto sobre los transportes el estado participa directamente del crecimiento de esa propiedad de sus ciudadanos que sirve a las diversas transacciones comerciales. El impuesto a las ventas, hoy transformado en el impuesto al valor agregado, muestra bien claro lo que los hombres de negocios hacen cuando el estado aspira a una tajada de sus ganancias: todas las cargas fiscales las buscan incorporar a su cálculo comercial como momentos de la formación de los precios, transfieren los gravámenes y así le dan a los impuestos que ellos pagan el mismo efecto que tienen de por sí los impuestos al consumo: el de gravar los ingresos del consumidor final. Sin embargo la transferencia de estos impuestos a los precios tiene sus límites en la capacidad de consumo social, que se define en la competencia, así que la legislación fiscal se revela como un medio de atizar la lucha de clases. Mientras que a los empresarios industriales y comerciales la transferencia impositiva les genera una actividad adicional calculatoria y de observación del mercado, los asalariados deben compensar la reducción de ingresos que tal transferencia implica con la lucha por aumentos de salarios.

b) Pero el estado también tiene que observar que sus medidas tributarias no anulen sus propios esfuerzos para conservar la propiedad privada y el trabajo asalariado. Con tal fin regula la imposición de forma tal que:

1. empresas de baja competitividad no sean de antemano destruidas: zonas y/o renglones industriales sujetos a exenciones o reintegros impositivos, desgravación de la agricultura, etc.;

2. que la reproducción existencial de la clase obrera no quede directamente cuestionada, ahí donde el mismo estado con su red de prestaciones sociales ha reconocido las amenazas que pesan sobre ella y apuntado a controlarlas: mínimo no imponible exenciones sobre las cuentas de ahorro para edificar, y sobre jubilaciones y pensiones, economía doméstica doble, etc. ;

3. que las asociaciones de caridad privadas, con estatuto empresarial, no sean impedidas en sus tareas compensatorias frente al indispensable pauperismo: exenciones y subsidios fiscales para las obras de beneficencia.

Tales contemplaciones, sobre todo las del punto uno, constituyen el objeto central de las reformas impositivas, que van acompañadas siempre por las controversias públicas sobre el costo de tal o cual ley de modificación de impuestos, con la participación en primera línea de estadistas y políticos, que después entonces publicitan sus decisiones como el producto puro de la justicia.

c) Si la sociedad burguesa necesita de un estado que costea su existencia económica con la restricción permanente de la sociedad (faux frais), para cuyos fines existe, o sea que el crecimiento de la propiedad no se realiza sin un estado dotado económicamente para cumplir con sus funciones, entonces ese estado tiene que haberse hecho económicamente eficiente, bajo circunstancias en las que el capital y el trabajo asalariado aún no existían, mediante una cobranza de tributos que por un lado garantizara su perdurabilidad, y por el otro obrara para divorciar capital y trabajo. El estado precapitalista, aunque dependía del comercio y de la posesión de la forma abstracta de la riqueza, el dinero, no tenía en su sociedad relaciones económicas interesadas en la producción de plusvalía. La gravación fiscal de los campesinos que actuó como palanca de la acumulación originaria, completada con la transformación de la propiedad estatal en propiedad privada (ver § 7), no se debieron a que el estado supiera que debía impulsar el capitalismo, sino porque sus propias necesidades (soldados, etc.) lo requerían. Para conservarse el estado tuvo que cambiar.

d) En las controversias fiscales los demócratas muestran sin pudor su cara materialista. Mientras que por lo general no vacilan en transformar su provecho en la toma de partido por el estado, los ciudadanos pierden sus inhibiciones para denigrarlo cuando el poder público pone a prueba su lealtad cívica en los tributos. El estado que señala que sus obras están vinculadas directamente a los aportes de los ciudadanos, y que les reclama no sólo el cumplimiento del deber del buen comportamiento democrático sino también sacrificios económicos, es juzgado por los ciudadanos con los criterios de la vida económica. Todos estiman al pago de los impuestos como el precio de los servicios que el gobierno les presta, idea que el mismo estado fomenta cuando trata de hacer plausible la tributación anunciando sus actos bienhechores cada vez que cobra. Y si el estado impone tasas asignadas a fines específicos (¡peaje!), quienes se "benefician" de ellas descubren que hacen un pésimo negocio, o sea que pagan de más. Con tal crítica a la razón económica el ciudadano conserva su falsa conciencia, dictada por el cálculo de ventajas y desventajas como sujeto concurrencista, y se vuelve crítico radical. Y el "burgués radical", que ya Marx descubrió tenía su patria en el campo de los pleitos impositivos, es aquél que no quiere cambiar nada, y que conservando las mismas circunstancias quiere aumentar sus ventajas. Por eso cuando se aprueban nuevas leyes tributarias más duras la desaprobación general de los actos del gobierno no conduce a la revolución sino al fraude fiscal en todas sus formas. Todo el que puede caga al estado, evade los impuestos, y no tiene escrúpulos morales en hacerlo, al contrario, estafar con éxito al fisco se considera una habilidad comercial normal y asegura a los profesionales de ciencias económicas entradas respetables; que sólo presentan el inconveniente, para los asesores contables, que a veces tienen que declararlas. Como también el trabajo "en negro", que trampea las cargas sociales, sirve muy bien de complemento a una ocupación ordenada, que tiene la falla de la retención de impuestos. El estado por supuesto sabe de los tejes y manejes de sus ciudadanos y enfrenta sus efectos perniciosos con alcahuetes, revisores de cuentas y una legislación penal que perdona muchas cosas. Los fascistas comparten con los revisionistas la preocupación por una recaudación tributaria ordenada, y exigen un tratamiento especial de las "sociedades de capital anónimas" y de los judíos.