Análisis de la edición “GegenStandpunkt” 1-07

Venezuela

La rebelión en el patio trasero de EEUU

¡Primero Hugo Chávez Frías en Venezuela, luego Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y, por último, el antiguo jefe sandinista Daniel Ortega en Nicaragua! Son líderes desacertados que llegaron al poder en Latinoamérica; al menos eso dicen los expertos y la política oficial del occidente, según quienes aquellos mandatarios sacan consecuencias completamente equivocadas de una realidad de sus países que los mismos expertos no niegan que sea desolada. Según ellos, estos líderes demuestran su incompetencia por dedicarse a conseguir objetivos políticos y económicos poco viables, recayendo en esquemas económicos de diseño nacionalista que ya habían manifestado su deficiencia en el pasado; hacen falsas promesas “populistas” y malgastan los fondos de sus naciones para cumplirlas. Un público lleno de “patriotismo sano” descubre un peligroso “nacionalismo de izquierda” ganando terreno en América Latina. Es que está profundamente descontento con la crítica que los nuevos líderes hacen a la situación de sus países, y tanto más obstinado con las conclusiones que hacen. Esto no es de extrañar. El proyecto chavista, que se viene dando desde hace varios años en el poder y que inminentemente cunde como ejemplo a otros países, contraviene a todas las exigencias elementales de los Estados que dictan sobre las buenas costumbres del mercado mundial.

I. La crítica a las condiciones insoportables de la nación

“¡Tanta riqueza!, se preguntarán ustedes; la reserva de petróleo más grande del mundo, la quinta reserva más grande del mundo en gas, oro, un inmenso Mar Caribe rico y hermoso que nos une con tantos hermanos de ese mare nostrum, ríos inmensos, caudalosos, hay pueblos que han tenido que hacer ríos debajo del desierto, han tenido que construir ríos debajo de la arena para llevarle agua a sus pueblos, nosotros somos uno de los países con mayor reserva de agua dulce del mundo entero, millones de hectáreas de tierra fértil, inmenso territorio propicio para el turismo, un pueblo joven, alegre, dicharachero, caribeño y pare ahí de contar, con una suma, todo eso igual 80% de pobreza ¿quién puede explicar eso?“ (Discurso de toma de posesión por Hugo Chávez en el Congreso Nacional en 1999, según http://www.analitica.com/Bitblio/hchavez/toma.asp)

Chávez¹ se niega a aceptar que en un país colmado de solicitadas reservas de petróleo y gas, la mayoría de la población se está hundiendo en la miseria y es reprimida forzosamente mientras que la riqueza de una pequeña clase alta va creciendo; que las multinacionales del petróleo sacan ganancias inmensas mientras que el país acumula deudas; que las empresas internacionales se enriquecen de las condiciones locales como el suministro de agua y energía, mientras que a la mayoría de las masas no se les está garantizando el acceso ni siquiera a estos servicios elementales.

Lo que a Chávez le parece un escándalo son, en general, nada más que las consecuencias de la incorporación de Venezuela en el mercado mundial como país proveedor de petróleo en general y especialmente de la dirección político-económica adoptada a finales de los años 80: En este tiempo y no por primera vez, la mayoría de los países latinoamericanos, entre ellos Venezuela, fue afectada por una extensa crisis debida a la deuda externa: las ganancias que sacaban estos países del negocio internacional rendían cada vez menos para cumplir las deudas. Los petrodólares y demás ingresos de los negocios con recursos naturales y productos agrícolas fueron consumidos de modo improductivo por los beneficiarios privados o, respectivamente, trasladados al extranjero; la mayoría de las divisas del Estado se gastaba para desempeñar la deuda creciente; el Estado venezolano se mantenía solvente renovando deudas, lo que implicaba una acumulación de las exigencias por parte de los prestamistas internacionales. De tal manera, se ha comprobado la desventaja capitalista de que los principales ingresos de esos países consisten en lo útil que son las riquezas naturales y los productos agrícolas para los centros del capitalismo, o sea beneficiando negocios capitalistas en otros países, sin que hubieran concebido una industria capaz de competir en el mercado mundial. Nunca consiguieron salir del estatus de ser países exportadores de materias primas con falta de capital; todo lo contrario: para la mayoría éste se ha consolidado. La superioridad de los poderes líderes y las vigencias del mercado mundial impuestas por los mismos hicieron fracasar los esfuerzos estatales para promover una producción nacional rentable que resistiera al capital extranjero. Y como no se ha encaminado ninguna acumulación nacional, la gran parte del pueblo resulta inútil para la acumulación capitalista y una carga a un Estado que aspira a enriquecerse de sus bienes nacionales, por lo que cae en la miseria total.

La conclusión de la crisis por la deuda externa que sacaron los gobiernos latinoamericanos, en sintonía con el Fondo Monetario Internacional, fue la de seguir con la apertura de sus mercados para los intereses comerciales extranjeros, y la propagaban como el mejor modo para acrecentar la riqueza nacional. Reorganizaron la participación extranjera en la explotación de las materias primas y el negocio con la exportación agrícola, en el caso de Venezuela especialmente en la industria de petróleo parcialmente nacionalizada, beneficiando las multinacionales. De esta manera, pretendían atraer más capital extranjero para desarrollar la explotación de las materias primas; mantener la credibilidad financiera frente a las instituciones internacionales, tanto privadas como estatales; y también asegurarse de la buena voluntad de EEUU, el poder económico, financiero y supervisor mundial, precisamente sobre América Latina. Además fueron privatizadas las empresas que hasta entonces habían quedado en manos del Estado, por lo que el suministro de agua y la electricidad igual que las telecomunicaciones y los bancos se tornaron en objetos de inversión sobre todo para las multinacionales norteamericanas y europeas, y bajo condiciones que les garantizaban el lucro, el valor monetario de sus beneficios y la libre transacción de divisas.

Esto, por cierto, a los Estados les aportó unos mil millones adicionales de ingresos y nuevos créditos. Sin embargo, el mismo programa les hizo volver a caer en la trampa de deudas, esta vez a mayor escala, e hizo que se agudizaran los conflictos internos. La privatización de los servicios públicos llegó a ser un mero índice de requisitos para establecer precios que garantizaran los beneficios, desconsiderando la abundante pobreza de las masas, luego que una gran parte de la población estaba apenas y cada vez menos capaz de pagar agua y electricidad. Las autoridades en parte sofocaron las protestas masivas, en parte se salvaron, entreteniéndolas con vanas promesas. También en Venezuela, los ingresos del Estado no crecían conforme a crecientes precios de petróleo y gas debido a las reglamentaciones de las concesiones de licencia y las modalidades del pago de impuestos. Mientras tanto, se beneficiaban las multinacionales en unión con la gerencia de la empresa estatal de petróleo PDVSA y desviaban los crecientes fondos de dólares al extranjero, debilitando así la balanza nacional de divisas.

Para Chávez es inadmisible ese programa ‘neoliberal’ internacionalmente reivindicado y puesto en firme por los gobiernos de América Latina, que consta de dar buenas condiciones para la colocación de capital externo, dar prioridad al pago de deudas en la política presupuestaria y arreglar las incisivas consecuencias para todo el país por medio de la represión. Primero el empobrecimiento y la represión que sufren cada vez más sectores, y segundo el enriquecimiento a costa del bien común por parte de la élite y las transnacionales. Estos hechos le evidencian que la política carece de una convicción verdaderamente a favor de la patria:

“Aquí se trata de empresas, de corporaciones, de grupos burgueses empresariales que lo que buscan es plusvalía y el saqueo de las riquezas de los países más débiles.”²

La miseria en la que vive el pueblo le demuestra que su país está sometido a pretensiones extranjeras que aspiran a poder y riqueza, lo que concibe como una traición al propio pueblo. Y, evidentemente, se sabe a quién se refiere en especial: EEUU con sus multinacionales, quienes consideran a toda América Latina de su pertenencia como “patio trasero” político y económico.

Por lo tanto, Chávez enfatiza firmemente que las realidades del mercado mundial no constituyen ‘leyes económicas’ invariables a cuya base una nación debiera conformar su progreso, sino más bien son puros intereses que, por ir en contra del pueblo y la nación, obligan a oponerse. El ex-militar, muy cercano al pueblo, no quiere conformarse con el hecho de que la gran parte de éste siga forzosamente en la pobreza por ser, según los criterios vigentes, una superpoblación inútil para la acumulación capitalista, que también el Estado trataba de la manera correspondiente. Él aspira a eliminar la miseria del pueblo –producto del capitalismo y supervisada por el Estado–, a que la pobretería, objeto de la continua opresión estatal, se convierta en un pueblo verdadero con las necesidades vitales reconocidas, y a que se favorezca a las masas –que saben de los logros de la civilización sin disponer de ellos– con lo que en la inteligencia de Chávez les corresponde dentro de un Estado verdadero: el derecho a vivir ‘en dignidad’.

Para la realización de un programa social de desarrollo como el que estamos hablando, ha de servir el dinero del Estado, disponible por su incorporación al mercado mundial. En vez de someter todo el país a términos y condiciones que condenan la gran mayoría de la población a vivir una vida paupérrima sin trabajo e ingresos, la cabeza del gobierno en Caracas aboga por lo contrario: proveer a su pueblo las condiciones de vida necesarias para sustentarse, por medio del dinero de los negocios con las materias primas.

II. La lucha por una ‘renovación nacional’ en servicio al pueblo

Que conste que la consecución de ese objetivo de carácter nacional precisa, en primer término y fundamentalmente, la reorganización del mando estatal sobre medios y bases de la economía en este país, forzándolos a prestar el servicio que se necesite.

Se reorganizan la empresa nacional de petróleo PDVSA, la cual –actuando bajo el mando de una alta gerencia partidaria de la capitalización– desviaba lucros de miles de millones a fondos privados e inversiones en el extranjero en vez de efectuar pagos contributivos al Estado, y agenciaba las participaciones de las petroleras multinacionales en los beneficios en vez de garantizar al Estado el control sobre el negocio petrolero. A PDVSA no se obliga solamente a retribuir cargas adicionales, sino que además la comprometen políticamente a participar en el financiamiento de las cooperativas y otros propósitos de carácter social en servicio al pueblo. Asimismo, a las petroleras privadas se les aumentan los impuestos y las tasas establecidas para las concesiones, adaptando esas obligaciones de pago –que hasta entonces eran mínimas– a un nivel que en otros lugares del mundo se considera estándar; diversifican donde puedan las participaciones y el suministro para reducir la dependencia unilateral de las multinacionales americanas y europeas. En adición, se promueve la nacionalización del sector petrolero y, finalmente, la subordinación general de la producción y, si se puede, también de la refinación del crudo y gas al gobierno del Estado. La corporación estatal es instruida a mantener la mayoría accionista y el control para asegurar la soberanía en todas las decisiones y el beneficio nacional de sus cooperaciones con otras empresas. Pues, el propósito no es simplemente acumular los ingresos del negocio petrolero y extender, en cooperación con las multinacionales, su exploración y producción. La amplia renacionalización pretende acabar con la función de sirviente que desempeñaba la política para los intereses lucrativos de la industria petrolera; en cambio, debe garantizar el uso independiente de esa fuente de ingresos para la política.

Se nacionalizan ‘sectores estratégicos’ como el suministro de agua, la electricidad y las telecomunicaciones. Con estas decisiones, el gobierno vuelve a hacerse organizador de estos servicios en vez de hacerlos depender de los cálculos capitalistas, es decir, tornarlos prácticamente inasequibles para la población. Subvencionando programas de ayuda, el Estado toma por su cuenta que el pueblo no siga decayendo.

Además, el gobierno de Chávez establece mecanismos de control de divisas para impedir la continua fuga de éstas y rompe el molde de la ‘independencia del banco central’, para garantizar una política monetaria que corresponda a los menesteres financieros del gobierno, procurándole los recursos presupuestarios necesarios para posibilitar una vida distinta a la mayoría de la población.

En los últimos años, el gobierno venezolano ha mostrado cómo poner en práctica estas nuevas condiciones de vida. Por medio de los ingresos petroleros y bajo la participación activa del pueblo, el Estado inicia amplias campañas con efecto social para el pueblo, las ‘misiones’, ya expresando en su denominación el proyecto progresista de unir el Estado con el pueblo. De estas misiones forman parte la campaña de alfabetización (la Misión Robinson), las iniciativas de formación popular (Misión Robinson II y Misión Ribas) hasta los grados universitarios alternativos (Misión Sucre), asistencia médica para el pueblo común (Misión Barrio Adentro), pero también la creación de consejos comunales y círculos vecinales que apoyan el proceso. Inicialmente, las redes sociales –que por primera vez facilitan servicios esenciales a los habitantes de los barrios pobres y a los pobres de las zonas rurales– fueron montadas con ayuda del Ejército. Ahora son redes sólidamente institucionalizadas en las que la gente, con el continuo apoyo político, puede y debe participar para volverse activistas organizadores de su vida cotidiana.

Aparte de ello, el gobierno venezolano se enfrenta a la reorganización de la economía nacional, de manera que corresponda a su programa social. Prioritariamente, la economía privada ha de ser llevada con directivas y medidas estatales a la creación de trabajo, para sacar al pueblo del desempleo. A las empresas privadas se les ordena al ‘cargo social de la propiedad’, aumentando los salarios mínimos y estableciendo condiciones restrictivas como la contratación obligatoria, por lo que también se les dota de subvenciones salariales. Pues, se pretende que los empresarios se beneficien de la intención del Estado de generar empleo socialmente sostenible, pero también que sus ánimos de lucro beneficien a la sociedad. Paralelamente, el Estado dispone entregar las empresas quebradas a manos de los trabajadores, las reactiva y mantiene con créditos estatales; así se dota trabajo que no está sometido al criterio compulsivo de la rentabilidad de manera inmediata. Siendo ‘empresas de producción social’, estas actividades manifiestan la intención estatal de promover y sustentar una producción nacional que dé trabajo al pueblo.

Además el Estado encamina y patrocina continuamente las cooperativas agrícolas y pequeñas productoras campesinas de alimentación, que son cultivadoras de tierras latifundistas confiscadas por haber sido improductivas; monta con ‘microcréditos’ microempresas destinadas a la demanda masiva; exige a los bancos una política apropiada en la concesión de créditos, y, haciéndoles competencia, establece en el sector financiero entidades bancarias exclusivamente dedicadas a la concesión de microcréditos. De tal modo, el antiguo ‘sector informal’ de la economía capitalista –cuyo cuerpo subsistía miserablemente o sufría una explotación bajo las más pésimas condiciones– va convirtiéndose en uno de tipo ‘economía popular’, subvencionado y bajo la protección del Estado. En particular, el Estado venezolano ha establecido, en paralelo y en competencia con el comercio privado con mercancías capitalistas, un sistema empresarial de mercados populares que él sigue subvencionando. Éstos ofrecen bienes de consumo elementales a precios asequibles para las masas, preferiblemente procedentes de las cooperativas y productoras, o de otros países latinoamericanos a cambio de petróleo. Coincidencialmente, el Estado ordena al comercio privado de comestibles reglamentar los precios con el fin de garantizar el acceso; por otro lado, remite impuestos para que los comerciantes no retengan sus mercancías, y adicionalmente, deja saber que sigue considerando la nacionalización del comercio al por mayor.

En resumen, no se ha dejado de calcular la producción y el comercio en dinero, pero tampoco es que se acepte el ganar dinero y la rentabilidad como coacciones en los casos que no convienen a la política del Estado. No se revoca la propiedad privada como tal, pero se interrumpe constantemente su radio de acción. Se establece un programa político que consiste en abastecer al pueblo a base de precios económicos y al mismo tiempo este propósito está atado al cálculo de costes y beneficios de empresas privadas y colectivas que coexisten y compiten; el Estado somete estos cálculos nuevamente a modificaciones y manipulaciones para lograr precios asequibles.

Evidentemente, tales esfuerzos de motivar una ‘producción social’ no son idénticos a objetivos antaños de otros gobiernos latinoamericanos de establecer una economía capitalista competitiva en sus países, que requería la correspondiente utilidad de las masas populares para este fin y por lo tanto cierta renovación y asistencia social para el pueblo. Distinguiéndose de los empeños nacionales de ‘países emergentes’, que a fuerza estatal ambicionan la posición de una economía nacional capacitada de competir en el mercado mundial, los actuales esfuerzos de los ‘nacionalistas’ estigmatizados acaban en rescatar sus naciones, cuyo inventario se va arruinando gracias a los progresos del negocio mundial. Por eso intentan proceder contra las consecuencias ruinosas de su dependencia del mercado mundial, dotado del dinero que les rinde la demanda capitalista de las materias primas. A base de que la gran mayoría esté privada del dinero y de las oportunidades de ganarlo, el Estado deja participar sus masas en su riqueza obtenida desde el exterior para que puedan ser lo que su dirección política quiere que sean: un buen pueblo, que se reproduzca bajo su soberanía como es debido, que se sienta estar en buenas manos y se vea reconocido como miembro de una comunidad nacional y que a cambio se comprometa a ella.

Es también ese objetivo que marca la diferencia entre estos servicios sociales y el Estado social en las metrópolis. En Venezuela, estos servicios no son para mantener una clase obrera dispuesta y capaz de dar un servicio al capital; el Estado no confisca y redistribuye cuotas de los salarios a los fondos sociales, encargándose de mantener modestos los gastos vencidos para los casos sociales que produce el empleo de trabajo rentable, correspondiendo a las expectativas de un emplazamiento atractivo para el capital internacional. Mediante el dinero del Estado se les facilita a los paupérrimos sin ingresos y trabajo una forma de ayuda a la autoayuda, algo que es próximo a lo que los Estados reunidos en la ONU defienden como sus muy honorables y por siempre inalcanzables ‘metas del milenio’: un cinismo que usan los representantes de las metrópolis capitalistas para reclamar una administración oportuna de las zonas decaídas y empobrecidas que ellos mismos producen, pero nunca jamás un derecho que estos aporreados pudiesen reclamar, ni a recursos materiales ni mucho menos a dólares petroleros, previstas para ‘ser reciclados’ en el proceso del manejo de la deudas externas o en otras partes.

Aplicando las reglas de buena gobernabilidad, se trata entonces de un caso que reúne todas las circunstancias de una infracción: A unas masas que no acumulan como pueblo trabajador la riqueza de las empresas capitalistas y, por lo tanto, cuya pobreza tampoco sirve para el enriquecimiento del Estado, se les garantiza algo que los cálculos capitalistas y la supervisión imperialista no proponen: una existencia soportable. Un poder que pretende utilizar el negocio con el petróleo para no decaer como residuo arrastrado; que busca crear un pueblo socialmente atendido y que se autosatisfaga con sus operaciones económicas de la manera más mínima que sea: De hecho, éste atenta contra todos los intereses que hasta la fecha han dictado el rumbo de la nación y que han sacado provecho de él.

III. Los frenéticos enemigos y el nuevo respaldo de la dirección nacional alternativa

En primer lugar, se ve desafiado el capital externo con sus gestorías. Las pertinentes multinacionales no sólo coprotagonizan y usufructúan de los negocios con las materias primas. En el transcurso de las privatizaciones, también las empresas infraestructurales han caído en manos de capitalistas extranjeros, luego que es su propiedad al que toca la renacionalización. Las multinacionales, acostumbradas a condiciones preferentes en el ejercicio de sus negocios, ahora bien van siendo restringidas a conformarse con las nuevas premisas que dicta el Estado para el negocio o despedirse de él. Se oponen, insisten en que se cumplan contratos de larga duración, amenazan con demandar el Estado venezolano ante los tribunales internacionales y con retener los ingresos de exportación, y en todo caso reclaman buenas compensaciones. Las nuevas normas de divisas lesionan el privilegio de la libre transferencia de los beneficios; la oficialmente declarada subordinación del cumplimiento con la deuda externa a los planteamientos presupuestarios cuestiona los derechos de los acreedores y es además una contravención de las instrucciones externas que preveen restringir subvenciones estatales y gastos sociales, orientando rígidamente todas las finanzas del Estado al cumplimiento de la deuda externa. Por supuesto que todo esto contraviene a la constante reivindicación de aún más ‘apertura’ para inversores internacionales. Pues, el programa de la ‘renovación nacional’ afecta de forma muy general a las pretensiones de las naciones que lideran el mercado mundial –sobre todo a las de los EEUU–: la libre disposición de los elementos básicos de su capitalismo que se encuentran en territorio bajo soberanía extranjera. Vemos que un gobierno latinoamericano está refutando el estatus que su país ocupa en el mercado mundial: se rebela en contra de que tales países sean la pertenencia de las multinacionales y que sus gobiernos deban oficiar como fiadores para garantizar esferas en libre disposición al capital externo, desatendiendo los impactos en sus naciones.

Posteriormente, se ven desafiados en el interior todos los agentes e interesados de la precedente hoja de ruta política, que son en primer lugar la dirección de PDVSA y sus beneficiarios políticos. A ellos les quitan la libertad de hacer prevalecer su enriquecimiento a costa del Estado a quien interesan los ingresos que deriva ese negocio con el petróleo, siendo a su vez la fuente significativa para el presupuesto nacional. Según la opinión de ellos, una que es respaldada internacionalmente, se trata de privarlos de beneficios y fondos de inversión que corresponderían a la petrolera, cuando se procede a cortarles los medios anteriores de beneficiarse de esa empresa. Por esta razón es que la dirección de PDVSA, que al fin y al cabo constituye el poder económico más importante del país, enfrenta la política que intenta comprometer a la empresa a funciones nacionales con franca obstrucción hasta sabotaje. Su enemistad encuentra eco entre una gran parte de los trabajadores y empleados con puestos comparativamente superiores; éstos van defendiendo las libertades de ‘su’ empresa bajo la dirección de los sindicatos preocupados por sus privilegios, junto con la gerencia contra las pretensiones del gobierno de Chávez. Para sacar el rendimiento precisado de la empresa, el gobierno tuvo que encargarse de que ella perdiera su papel de un Estado dentro de otro. Después del golpe de Estado en el año 2002 y un ‘paro’ de toda la empresa que perdura meses, sustituyen a la gerencia, derrotan el sindicato e impiden, a medida posible, la transferencia de beneficios al extranjero.

También al resto de los negociantes le cortan sus libertades habituales. Precisamente en circunstancias en las que la mano de obra inactiva sobra y se consigue a cualquier precio, al empresario que hace uso de ella se le debe hacer respetar restricciones consideradas a favor de los empleados. Al comercio le quitan su poder económico y la libertad de extorsionar las necesidades de las masas arrebatando los ingresos que tengan. Y de los bancos exigen que concedan créditos de formato masivo a condiciones especiales, y en todo caso y especialmente, aumentan el rigor en el control de su conducta financiera. Finalmente, a los latifundistas se les disputa la disposición sobre la tierra. La obligación a acreditar un título de tierra legal y cultivar la tierra, la expropiación de las tierras ociosas y/o no acreditadas legalmente en favor de los pequeños agricultores y las cooperativas: todo esto socava el papel de los patronos locales quienes imponen y sostienen, con ayuda de la benevolencia política y la agresión organizada, sus derechos propietarios contra los campesinos.

Aunque la nueva dirección política proclame –por intención calculadora o más o menos sincera–, que en su ‘sistema de dos partidos y medio’, de la ‘mano invisible del mercado’ y la ‘mano reguladora del Estado’ se acepta el negocio privado y la propiedad privada mientras que éstos cooperen a la misma finalidad colectiva de renovar la nación: En realidad se trata de una constelación de intereses muy contradictorios, a los que la nueva razón política en parte promueve o restringe, tolera por necesidad o está francamente impugnando. Una petrolera estatal que haga su papel de organizar una cooperación provechosa con las multinacionales, y a la par, responder como motor el progreso social e impulsar las empresas populares, todo por medio de su contabilidad; una economía privada a la que someten a numerosas nuevas obligaciones; un comercio que se ve privado de sus oportunidades privilegiadas de hacer dinero y obligado a brindar un abastecimiento asequible; al lado de una red de distribución social alimenticia que no obstante saque ganancias; negocios familiares y vecinales y empresas autogestionadas que viven de microcréditos y una labor poco productiva; campesinos y cooperativas agrarias al lado de latifundistas que sigue reivindicando su derecho a toda la tierra: todo eso forma un mero ataque contra la clase dominante, según ella.

Hasta entonces, ésta hacía uso del Estado como sirviente de sus beneficios y de esta manera hacía valer su derecho, aunque sus demandas en materia de propiedad y negocio jamás sirvieran para satisfacer las del Estado en cuanto al crecimiento de los ingresos estatales y al progreso de sus fuentes. Siendo propietaria de los pocos recursos de riqueza, la élite ha logrado la asignación de sus intereses por parte de la política oficial, pese a todo el descontento con respecto al malestar de la nación, asegurándose de que la politiquería se reclutara de sus propias filas y que así estuviera bajo su control inmediato. Por décadas, el bipartidismo del Pacto Punto Fijo hizo que se alternaran continuamente en el gobierno dos partidos políticos comprometidos a sus propios intereses y defendieran su continuidad política contra la inevitable resistencia, una y otra vez utilizando la violencia. Por eso, también se ven desafiados los representantes de aquella dirección política, conexos a estos intereses igual que a la promoción de los intereses del capital internacional con todas sus impactos para el país y su inventario. Y no últimamente, también se ve provocado el Ejército, en tanto que se sentía responsable por garantizar ese régimen.

Por supuesto, Chávez, a su vez, llegó al poder siendo militar. Grandes partes del Ejército iban perdiendo la convicción de que debieran defender la liquidación de la nación y sus interesados en contra de un pueblo que reclama justicia social, y eso como consecuencia de su contigüidad que sentían con él –por su parte algo que caracteriza los sectores de la ‘fuerza pública’ seguidores de un Estado como es debido–. También dieron un apoyo decisivo para el programa de la ‘renovación nacional’ los patriotas que compartían el punto de vista de que la política ha fracasado rotundamente si permite esa realidad en el país: grupos opositores que condenan la creciente violencia contra el pueblo que, según ellos, proclama el declive nacional, y críticos de la realidad social que por lo menos acuerdan –pese a sus muchas diferencias programáticas– en que esto no puede seguir así. Estas agrupaciones encontraron en Chávez la oportunidad de poner fin a la política elitista, por lo que se comprometieron con él después de que el golpista fracasado decidiera luchar por el poder vía métodos democráticos. Así es que se convirtió en el punto de enfoque de todas las fuerzas opositoras: como su candidato para un cambio político verdadero.

Lo que le predestinó a Chávez a ser un tal líder político fue la buena recepción por parte del pueblo, que se rebelaba una y otra vez contra sus condiciones de vida o se conformaba a ellas por necesidad, de todas formas viéndose confrontado con el poder del Estado. A las masas les convenció su promesa de luchar por una soberanía justa con cuya complicidad pudieran contar, cualquieras fueran las visiones concretas que se habrán imaginado como indígenas reprimidos, campesinos sin tierra, habitantes desarraigados de los barrios pobres, trabajadores de bajo salario o miembros de la ‘clase media’ en riesgo de descender socialmente. Vieron en él y tomaron la oportunidad de votar por un líder que con su mandato hace valer políticamente a sus intereses sociales.

Así fue posible romper con la habitualidad de la interrelación política dentro de las élites tradicionales, y con eso también con su monopolio del poder político.

IV. La lucha interior por la ‘renovación nacional’

Sin embargo, con ese cambio democrático la cosa no está arreglada. No es que solamente se haya cambiado el equipo de personas de un gobierno, cuyos objetivos políticos fueran compartidos por todos, anclados al aparato político y al espíritu democrático de todos los partidos, y que dispusiera de un pueblo económicamente preparado y cívicamente educado para conseguir sus finalidades respecto a poder y riqueza. Con los nuevos líderes, subió al cargo más alto una política alternativa que se contrapone a los partidos políticos anteriormente en el poder, a los intereses de la clase que domina la sociedad, a la dirección y el credo de todo el aparato político inclusive la establecida ‘opinión pública prevaleciente’, luego que la nueva agenda del Estado no puede contar con ningún poder institucionalizado. Ante todo, la agenda tiene que ser fundada en las estructuras del Estado y en la sociedad; se deben crear nuevas lealtades; se necesitan de estructuras aptas para ejercer el poder – en contra de todos los que anteriormente solían ocupar y manejarlo; cuyos intereses son cuestionados pero no derogados, atacados pero no privados de poder. La nueva dirección del Estado se encuentra constantemente en la línea de fuego de la potencia pertinente al régimen habitual que no se dejan pacificar por la legitimación democrática del gobierno. Más bien se ven incitados por cada nuevo voto de las masas, a cuyas pretensiones no conceden un papel dirigente en la política. Así es que la renovación nacional se convierte en una lucha continua contra los defensores y beneficiados del anterior sistema político, por el poder. Las élites habituales y sus seguidores dentro el Estado y la sociedad, la burocracia, la justicia, y sectores del Ejército, todos practican desde el principio una resistencia franca o clandestina en términos de rebelión, sabotaje y obstrucción continua. Chávez no se dejó intimidar, más bien –si no lo tenía ya bien claro desde el principio– aprendió de las resistencias contra su programa lo serio que es una ‘lucha contra la oligarquía’, adaptando y radicalizando su discurso.

Inicialmente, se enfrenta a la implementación de su política en las instituciones: se ocupa el aparato político con un nuevo equipo en la medida posible, se reemplaza a la burocracia obstinada, igual que, como anteriormente mencionado, la dirección petrolera en unión con el sindicato CTV que paralizaron la extracción del petróleo por meses. Debido a que la administración y los expertos no son fiables, y a que se incluye a la agenda un campo completamente nuevo de tareas prácticas resultados del nuevo objeto político de servir al pueblo, la universidad pública alternativa es comisionada para ofrecer una formación personalizada, creando un equipo comprometido con las funciones de la administración, la instrucción de y atención a las iniciativas populares y las ‘Misiones’. Además se crean instrumentos constitucionales para consolidar el poder presidencial, de la que depende todo el avance del proceso político: más autorización para el presidente, también una ley de autorización que suspende la aprobación parlamentaria, y la posibilidad de reelección. Todas esas medidas que en la opinión pública de Occidente se toman como pruebas del autoritarismo chavista, nacen del convencimiento de que el proyecto termina, por un período indeterminado, en superar un estado de emergencia. A estos cambios institucionales los defienden con la ayuda de referendos y elecciones, tanto regulares como excepcionales, que periódicamente confirman a Chávez la legitimación democrática.

Sin embargo, el presidente, acusado por el mainstream de siendo ‘populista’ sólo buscar la aclamación ‘de la calle’, no se queda tranquilo con la legitimación democrática de sólo dejarse votar por las masas. Está con el ejemplo de Castro, a quien admira e imita. El pueblo no debe simplemente alinearse como votantes, accesorio de sus líderes y acatar. Idealmente y en la práctica se le exhorta a activarse políticamente porque debe actuar, bajo la dirección de las autoridades, como ayudantes, defensores del proceso y activistas, y porque se le necesita como apoyo esencial para el Estado en la lucha por su soberanía. Para ello, se le incita de manera constante. Siempre cuando Chávez, en su programa televisivo ‘Aló Presidente’, atiende públicamente a las necesidades de la gente de a pie, expresando su sentido de justicia; cuando aparece como instructor e inspector de los esfuerzos constructores, moviendo y encargándose de todo; o cuando defiende como primer promotor la revolución contra sus enemigos: entonces se dirige a las masas a que ésas renuncien a su papel como pueblo sumiso que deja decidir a sus líderes. Para movilizarlos a la lucha que él considera inevitable, ilustra la hostilidad provocada por su programa progresista, utilizando drásticas imágenes del enemigo y da ejemplo de la lucha colectiva. Se les convoca continuamente a levantarse contra la oligarquía, junto con el gobierno, para defender los ‘logros de la revolución’. En este sentido, pueden y deben demostrar activismo político. Se han incorporado a la Constitución elementos democráticos de base para controlar a los representantes, pero también las decisiones legislativas y su realización, para que el pueblo común sea habilitado para luchar cotidianamente contra los sectores opositores de la sociedad: observar sus operaciones yactividades públicas, proteger las obras e instituciones sociales de sabotaje, y siempre de nuevo demostrar mediante marchas y manifestaciones su disposición a defender su nueva gobernancia para intimidar a los enemigos políticos. El líder y amigo del pueblo conoce bien las cuestiones de poder y por eso cuenta con que, y eso es lo que sigue experimentando, los enemigos por sí mismo no harán la paz con este gobierno, luego es necesario su intimidación, mediante la amenaza con un movimiento popular dispuesto a luchar. Por consiguiente, Chávez no solamente se encarga de la lealtad militar, sino que también de la preparación del pueblo a defender su causa – también a causa de la amenaza externa.

Últimamente, el desarrollo del ‘movimiento’ subido al poder, infiere de manera inmediata la necesidad de dar fundamento a la dirección política y constituir normas vinculantes para la nueva gobernación. El pueblo, en parte recién alfabetizado y hasta ahora acostumbrado a buscarse la vida a duras penas, necesita una instrucción precisa, una dirección que alinee su movilización y politización en los círculos bolivarianos a los colectivos propósitos preceptivos, para evitar que sus actividades de base se disuelvan en el caos. Gran parte de los agentes de Estado son oportunistas, se conforman o cooperan de manera limitada. Los activistas se disputan por las ideas diferentes que tienen sobre cómo avanzar en ese gran experimento político, si el movimiento debería desarrollarse desde la base o más bien de manera instruida por el Estado. En la dirección política hay representantes de diferentes partidos con divergentes programas y pretensiones que buscan intervenirla. La unidad no se debe a un consenso programático, sino más bien al poder estar en el gobierno y al enemigo que tienen en común. Desde el principio, algunos colaboran sólo condicionalmente, otros no comprenden las transiciones y radicalizaciones que atraviesa el programa del presidente y se retiran de la coalición. Todos esos conflictos se dan, luego los frena y armoniza provisionalmente el líder de todo el movimiento. Por eso es que no sólo a él se le da la idea de consolidar el movimiento en forma de un partido unido. Sin embargo, con ello se emprende una nueva lucha en las filas del movimiento, la de cómo reunir estas ideas, esperanzas y pretensiones contradictorias en un solo partido.

V. La lucha diplomática por la ‘segunda liberación de América Latina’

Lo que se ha planteado el destacado ‘nacionalista de izquierda’ –poner fin a la degeneración de su pueblo– puede que sea modesto. Sin embargo, resulta ser una insubordinación, contra lo que tienen previsto las naciones que dominan el mercado mundial para una nación como Venezuela, y particularmente una infracción de la competencia de EEUU. Y efectivamente eso tiene el promotor por objeto: paralizar la política que, reconociendo los intereses económicos y la influencia política de EEUU, se subordinaba a un orden mundial estadounidense con el fin de consolidarse en él. Chávez se opone a las restricciones materiales, limitaciones políticas y clasificaciones estratégicas, en fin pues a las fuerzas coactivas que limitan la soberanía de Venezuela, impuestos por la potencia mundial en su ‘patio trasero’. Propaga y lucha por la ruptura de estas coacciones y la reorganización de las relaciones internacionales: entre naciones que ya no sean dominadas por EEUU y –para él es el mismo objetivo– un orden mundial que ya no promueva la explotación económica y la subordinación política, y en la que también, respetando la soberanía de sus gobiernos, sean reconocidas las necesidades de los pueblos. También en este respecto actúa explícitamente como heredor y continuador de la Revolución Cubana contra los superimperialistas en Washington.

Igualmente, con ello pretende proteger su causa nacional. Lo tiene bien claro que sólo con la negativa nacional no alcanzará mucho; sabe que necesita de un contrapeso internacional. Por eso intenta, con todos los medios sobre los que dispone, no sólo crear alianzas diplomáticas estratégicas, sino también formar una coalición de Estados realmente próximos a sus convencimientos y convencer la opinión pública mundial. Para promover sus ideas de un orden mundial mejor, no sólo los propaga con énfasis y vehemencia en el escenario diplomático de la ONU y otras asambleas de naciones, sino también en cumbres alternativas y encuentros del movimiento antiglobalista.

Sus esfuerzos hacia un orden alternativo se refieren principalmente a Latinoamérica, cuyos gobiernos deban considerar sus pueblos que no tienen derechos sociales ni políticos y por eso centrarse en salir de la tutela de EEUU y de su dependencia. Refiriéndose a Simón Bolívar, Chávez cunde la idea de unir a América Latina en una sola nación, una ‘segunda liberación’ del ‘neocolonialismo’ de EEUU, una asociación de todos los países del Sur para formar un contrapeso a la hegemonía del Norte. En este sentido, diseña un programa opositor contra las instituciones instaladas o planeadas por los EEUU, a su vez destinadas a la consolidación de dependencias en su patio trasero latinoamericano y construir zonas especiales a favor de su capital, su influencia política y su control estratégico. Y también contrapone a los otros instrumentos de control sobre el mercado mundial y de supervisión bajo la dirección estadounidense su propia propuesta: En vez del ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, un ALBA, una asociación comercial particularmente latinoamericana. Ese pacto, según su visión que proclama una por otra vez, debe proveer la base del progreso social de los pueblos en los países respectivos en vez de servir al enriquecimiento norteamericano; debe asegurar entre ellos el beneficio mutuo, implementando una moneda unitaria que por fin los salve de la preponderancia del dólar. Además se plantea un programa colectivo latinoamericano de desarrollo y contra el hambre, una OTAS de países del Sur en vez de una OTAN estadounidense, una alternativa al FMI que no sea dirigida por la metrópoli de créditos. Es decir, una completa imagen invertida de los instrumentos pertinentes a la competencia actual de las naciones imperialistas – de espíritu anti-imperialista.

La palanca para este programa de Chávez es el recurso sobre el que dispone, el petróleo. A Cuba se lo vende a un precio especial y no a cambio de dólares sino de médicos y otros bienes, o sea un comercio entre ambos países que sigue los principios del beneficio mutuo en vez de a costa del otro, una especie de asistencia recíproca en materia de desarrollo y supervivencia estatal contra la sumisión demandada por EEUU. Adicionalmente, Chávez actúa como defensor de los países más pobres de la región, los del Caribe, haciéndoles llegar una ayuda sustanciosa como el petróleo a condiciones que consideran su falta de divisas; una asistencia económica que pretende construir una imagen opuesta al saqueo estadounidense y anular la dependencia de estos países de la potencia norteamericana. Asimismo, inicia relaciones con las dos primeras potencias de América Latina, Brasil y Argentina, con la idea de unirlos a la lucha colectiva por la independencia política y económica de las potencias líderes del mercado mundial y sus instituciones; proyecta una red energética latinoamericana que emancipe el suministro de petróleo para beneficiar con ello tanto los países proveedores como recipientes. Con sus petrodólares, habilita a Argentina a pagar la deuda del FMI con la perspectiva política de apoyar ese país en la lucha contra el paternalismo de los acreedores internacionales. Por los pactos específicos que tienen Colombia y Perú con EEUU, Chávez se retira de la Comunidad Andina CAN y se une al Mercosur con la intención declarada de transformar esa comunidad económica en un modelo ejemplar de unidad latinoamericana, una alternativa a las condiciones vigentes del mercado mundial, orientada en las necesidades nacionales.

Con todas esas actividades, Chávez agita los antagonismos en el patio trasero de EEUU. A los adversarios de Washington, Cuba y Bolivia, los respalda tanto ideológicamente como con recursos materiales. Hostiliza a otros gobiernos como el de Uribe en Colombia, debido a sus relaciones mantenidas con Washington, la cual a la inversa demanda que esos países se sumen claramente a la política de EEUU. Las reacciones de Argentina y Brasil con respecto a las propuestas de Caracas de rebelar contra la hegemonía estadounidense, son ambivalentes. Kirchner, y también la sucesora Fernández de Kirchner, y Lula aceptan los ofrecimientos diplomáticos y económicos de manera calculadora, incluyéndolos a sus agendas de una Latinoamérica ‘más segura de sí misma’, lo que tiene poco en común con la Revolución Bolivariana de Chávez. Si bien es verdad que ellos también padecen la hegemonía de EEUU y que eso se expresa también en su nacionalismo. Sin embargo, como jefes de ‘países emergentes’ que no pretenden levantarse en contra del mercado mundial sino más bien potenciar su posición en él, hacen cuentas y argumentan por un mejor acceso a los mercados de Europa y EEUU y por más importancia política en el círculo de las potencias líderes. Aprecian los créditos de Venezuela, pero siguen manteniendo una posición ambivalente frente a las nacionalizaciones y el proyecto energético, puesto que éstas afectan a propias empresas. Sobre todo no quieren comprometerse a la radicalidad que Chávez reivindica frente a EEUU. Siendo las designadas potencias de América Latina, demuestran su independencia nacional frente a EEUU, pero también su discrepancia con la línea de Chávez y hacen uso de su influencia para moderar sus convicciones y llamarlo al orden. De este modo, concurren por el liderazgo en el subcontinente.

Chávez tiene que echar de ver que los sufrimientos que padecen otros gobiernos por la hegemonía de EEUU se deben a las ambiciones propias que tienen, y no al abogar por principios alternativos de comercio entre naciones, cuando los líderes de esos países lanzan diplomáticamente contra el ‘paternalismo’ y ‘el orden unipolar’. A pesar de esto, no deja de buscar aliados, aunque ellos disten mucho de tener una crítica de los usos del mercado y del orden mundial que parezca a la de Chávez. También fuera de América Latina trata de establecer cooperaciones con todos los que considera provocados, perjudicados y amenazados por EEUU. Siguiendo la máxima de que “los enemigos de EEUU son nuestros amigos”, busca demostrativamente una diplomacia con ‘Estados terroristas’ como por ejemplo Irán, Siria y Bielorrusia. Con los Estados petroleros de la OPEP busca concertar una política unificada y con Irán persigue el proyecto de sustituir el Petrodólar por el Euro. Frente a los competidores imperialistas de EEUU se presenta como defensor de una causa común. A los países Rusia, China e India los declara aliados en la lucha por un ‘orden multipolar’, entiendan algo completamente distinto bajo ese término que una insurreción latinoamericana contra las demandas del mercado y el orden mundial. En la práctica, busca hacer funcionar sus intereses como un multiplicador de oportunidades en instaurar relaciones independientes y en contra de EEUU. Inversiones chinas, armas de Rusia; ahora se suman negocios con países europeos como España en la medida en que se dejen involucrar y se opongan a la voluntad de Washington – todo eso a favor de independizarse de EEUU. No obstante, Chávez no se deja quitar la oportunidad de promocionar, tanto ideal como prácticamente, su modelo alternativo de relaciones internacionales en servicio al pueblo donde pueda, desenmascarando sus enemigos en el exterior, sobre todo al gobierno de EEUU: se suministra petróleo venezolano a barrios pobres en EEUU; con algunas ciudades norteamericanas y con Londres se concuerda intercambiar petróleo a precio económico por una ayuda al desarrollo de servicios e infraestructura.

De todos los países, si nada menos que un proveeder importante de petróleo de EEUU se porta críticamente con las demandas estadounidenses, y para colmo en su propio hemisferio, entonces esto para Washington es inaceptable. Su prepotencia política y económica se basa –y por eso insiste– también en la adaptación de estos países a las funciones políticas que deben desempeñar para el líder de la economía mundial y la suprema potencia imperialista, aunque las respectivas soberanías tengan que renunciar a sus ambiciones y más bien descubren sus propias desventajas en esta alineación.

Para los EEUU, no es nada aceptable el descontento que emerge necesariamente en los Estados perdedores de la competencia en el mercado y orden mundial dominados por EEUU, y mucho menos si éste se manifiesta como una rebelión oficial en una región que ‘pertenece’ a EEUU como ninguna otra. En este sentido, Venezuela es una provocación total: con sus relaciones especiales con Cuba, con su influencia en otros países, con sus contactos que mantiene con movimientos armados, con sus seguidores amenaza el orden de EEUU en esa región; y con sus relaciones con Irán se incluye al escenario de amenaza mundial de EEUU. Por eso es que EEUU clasifican a Venezuela como ‘país no plenamente cooperativo’, o sea una nación a punto de convertirse en un Estado „canalla“ según la definición en la Guerra Antiterrorista.

Aunque de momento no implementen un ‘cambio de régimen’ de manera oficial, para Washington es un caso abierto mientras que siga pendiente una revisión fundamental de la programación, es decir, el derrocamiento del gobierno que sostiene firmemente su posición. En concordancia con esa línea, EEUU hace uso de su influencia: reconoce y estima, incluso apoya los actos subversivos de la oposición interior, alista los pecados del gobierno, promueve el aislamiento del país, decreta un embargo de armas y forja alianzas con países vecinos para crear un escenario amenazante contra Venezuela.

Postdata sobre la buena y mala reputación de un proyecto anti-imperialista

El gobierno de Chávez emprende con toda firmeza el proyecto de gobernar bien a Venezuela, teniendo en cuenta sus propias normas e ideas de bienestar, servir al pueblo y justicia social. Emprende ese experimento en medio de un mundo de Estados soberanos y el poder privado del capital, establecido y protegido por los mismos, un mundo que no simpatiza demasiado con ese estilo de buena gobernabilidad. Sus administradores clasifican el más mínimo desvío de las reglas de la libre circulación de capital y un orden mundial eficiente, que además han sido hechos a medida de su beneficio, como un caso que debe ser apartado y, a largo plazo, ser erradicado a toda costa.

Y no solamente eso. Chávez y su equipo emprenden su aventura de una gobernabilidad social con los recursos del mundo imperialista en contra del que se oponen: con los beneficios del negocio petrolero. Se sirven de una fuente que no está realmente bajo su control: sólo disponen de su artículo de exportación, pero no de la disposición a pagar de los interesados en el exterior, que a su vez sustentan una acumulación de capital que Venezuela siempre aspiraba pero nunca ha conseguido. Por su parte, el pueblo en disposición del gobierno no procura los medios para fundar un poder político significativo, mucho menos los recursos para realizar una buena gobernabilidad en el sentido de la “Revolución Bolivariana”. Esa fuente con la que el gobierno promueve su programa de buena gobernabilidad anti-imperialista, necesita al contrario una política de prevención con respecto a la demanda solvente. Una política que asegure la continuidad del comercio con las transnacionales de EEUU –justamente la nación contra cuyo dominio y control el gobierno de Chávez se está oponiendo–; que estimule y mantenga los intereses comerciales de otras potencias de la economía mundial capitalista que compiten más o menos francamente con EEUU. Adicionalmente, la conformidad con los competidores en el mercado, los otros países exportadores de petroleo, es indispensable para la preservación de esa base de toda economía a nivel nacional. Todas esas cuestiones deben ser resueltas para consolidar su propio camino en medio de un mundo de Estados que sin piedad van a por el éxito imperialista.

Justamente ese experimento, atrevido y en estado precario, encuentra una intensa enemistad en el público pluralista del mundo libre. Y también, por el otro lado, muchos admiradores entre izquierdistas y críticos de la globalización.

Los reproches en nombre de la democracia libre contra Chávez y su “Revolución Bolivariana”, y especialmente la hostilidad por parte de los medios y sus expertos en cuestiones de imperialismo, se caracterizan por una intolerancia y un afán de denunciar, como si nuevamente tuvieran que hacer frente a los comienzos de una revolución comunista mundial. Los esfuerzos del presidente Chávez para consolidar el poder gubernamental se resumen con el veredicto “antidemocrático”, negando la más sólida legitimación demostrada un referendo tras otro. Por cierto que estas elecciones y referendos no son simplemente una aprobación formal de un régimen por sus víctimas, como suele y debe ser en las alabadas democracias. Más bien se trata de movilizar los vencidos para la lucha continua por el poder. No obstante, lo que se alega es ‘poder por sí mismo’, como si en el seno del imperialismo no existieran métodos bastante más aptos para esa finalidad que utilizar el poder estatal para dar comida y educación al pueblo, un propósito que generó enemigos, especialmente entre las potencias mundiales de cuyo dinero depende la gobernancia de Chávez. Al programa mismo, se le anuncia su fracaso ineludible: las reservas de petróleo se gastarían; la infraestructura sufriría un colapso si los lucros no acabaran en las manos de competentes empresas del extranjero y otros usufructuarios privados. Es que sólo ellos tendrían la potencia económica para „desarrollar“ el país, así lo aseguran expertos, de la manera más descarada e hipócrita tomando partido a favor de los pobres que gracias a Chávez perderían un futuro mejor en la gloriosa economía de mercado; los mismos expertos que paralelamente toman nota de que todos los intentos de convertir el capital en una fuerza en favor del desarrollo nacional terminaron en deparar más pobreza masiva en todo el continente, tanto en los anteriores experimentos Estado-capitalistas como en la política sucesiva del saqueo neoliberal. Sea como sea. Según esa lógica, utilizar la riqueza del Estado para atender a un pueblo que no sirve al capital –lo que obviamente equivale a ser inútil– sólo puede ser un desperdicio, un abuso de una riqueza que quedaría mucho mejor en las manos de las multinacionales y las finanzas internacionales. De esto andan segurísimos, estos competentes formadores de opinión del reinado del pluralismo libre, pero no es que por eso aboguen por quedarse tranquilo y esperar el inevitable fracaso de ese proyecto, sino más bien se oponen a cualquier permiso para continuar. Sencillamente, para una lucha contra la pobreza que se toma en serio y se financia por los ingresos del petróleo, no hay lugar en el mundo capitalista –insisten los expertos económicos, destacando por supuesto también que esto no es nada para estar en contra de la economía de mercado y su éxito global, pero sí para poner fin a estas aventuras contrarias al sistema, mejor pronto que tarde.

Contra estas polémicas anti-chavistas, comités e iniciativas de la izquierda anti-globalista hacen campañas por la solidaridad con Venezuela, su pueblo y su presidente. No se dejan desviar por los acosamientos contra el proyecto del socialismo bolivariano del siglo XXI, pero tampoco entienden el valor informativo que ofrecen éstos sobre la inconciliabilidad, determinada por el régimen burgués que gobierna el globo, contra los disidentes del código democrático-capitalista de buena gobernabilidad. Es que no les parece demasiado interesante analizar un orden imperialista que ni aguanta siquiera un sólo gobierno haciendo un rancho aparte con un programa reconstructor a favor de las masas. Lo que reservan los guardianes de este orden para ese tipo de actos es exclusión y proscripción, y por eso han puesto Venezuela en la lista de candidatos para el „cambio de régimen“. Si los críticos se enteraran de que las relaciones de poder y represión entre las naciones del mundo tienen su raíz en la razón de Estado de las democracias capitalistas, que derivan de su poder y del alcance de sus intereses el derecho exclusivo de ‘tomar responsabilidad’ en el mundo entero; y que por eso estas relaciones se pueden descartar solamente en el interior de los Estados en el que se reafirma cada día su poder mundial, entonces y con esta crítica los amigos de Venezuela tendrían que despedirse de la esperanza de que el destinatario de sus saludos solidarios mejore el mundo. Precisamente al experimento difícil de Chávez con el ‘uso dual’ de los ingresos del petróleo –la libertad precaria de una soberanía ‘tercermundista’ de usar ingresos del negocio energético internacional para el bienestar de su pueblo– lo califican como una prueba práctica de que ‘otro mundo es posible’, lo que por cierto es correcto, si la concepción de ‘otro’ mundo mejor es de un formato modesto y si se pone el acento en ‘posible’. Sin embargo, los amigos de la “Revolución Bolivariana” no son tan minimalistas. Admiran una Venezuela en la que puedan reconocer sus propios ideales favoritos: mientras ellos ven un paraíso de la democracia de base, en realidad se trata de una lucha para movilizar una base suficientemente potente para apoyar el proceso, activarla y comprometerla; reviven un ‘socialismo del siglo XXI’, donde en realidad se trata de controlar la miseria del pueblo por medio de petrodólares y euros, conteniendo la pauperización y degeneración, y gestionar un programa de empleo que, francamente, no resulta muy productivo. Se imaginan un ‘posible’ principio del fin del ‘imperialismo del dólar’ estadounidense, mientras que el gobierno venezolano está peleando por sostenerse, yendo en la estela de rivalidades imperialistas. De esta manera, la Venezuela del Presidente Chávez se convierte en otra estación transitoria para la izquierda en su busca eterna de oportunidades para vivir ‘una vida correcta dentro de la vida falsa’...

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