Análisis de la edición "GegenStandpunkt" 1-13

La crisis en España

La contribución de España
a la crisis financiera en Europa

¿Cuándo llega el momento? ¿Cuándo aprenden los españoles a tragarse su orgullo proverbial y piden el ‘rescate’, la ayuda crediticia del Fondo de Rescate Europeo (MEDE)? ¿Y cuáles serán las condiciones que se les concederán? ¿O podrá el gobierno de Rajoy evitar la solicitud como constantemente afirmaba? Estas son las preguntas del otoño 2012, y las son todavía en 2013. España está tan excesivamente endeudada con unos intereses incosteables para la refinanciación de la deuda estatal que el MEDE y el BCE no tardan en declarar su disposición de subsidiar, por supuesto solamente a cambio de más supervisión del presupuesto y del cumplimiento de las restricciones europeas sobre la política financiera de España.

Lo que era la carrera esperanzadora de una nación ascendente de la UE acabó por lo pronto con las crisis del mercado inmobiliario, de la banca y de la deuda estatal. Finalizó con la devaluación de gigantescos fondos de patrimonios hasta hace poco aún negociables con un buen rédito: casas de hormigón y deudas de papel, incluidos las correspondientes carteras de títulos de crédito derivados del boom del ladrillo en España; finalizó con un desempleo récord y una creciente miseria social a causa del desinterés del capital in situ por el empleo de una mayoría de la fuerza de trabajo en España. Finalizó con el sobreendeudamiento de los hogares, de la banca y del Estado que sustenta a aquella con tal cantidad de crédito adicional que aumentan cada vez más sus deudas y encarecen los respectivos intereses. Por consiguiente, el estado ahorra cada vez más, lo que no obstante le libra del riesgo hacerse el cliente hasta ahora mayor del nuevo MEDE. Terminó finalmente con nuevas pretensiones secesionistas de los sospechosos habituales en Cataluña.

El gobierno quiere proceder contra la deuda estatal con un programa de austeridad, subsanando así las consecuencias devastadoras del éxito económico de los años pasados en España. Por consiguiente, se produce una recesión de la riqueza capitalista o sea del PIB que compite con la deuda nacional y el déficit presupuestario, imposibilitando así una mejora de la relación crecimiento-endeudamiento exigido por Eurolandia. A pesar de que todos ansían crecimiento, el gobierno se ve forzado a seguir con la austeridad rigurosa: con la “consolidación” del presupuesto se quiere mantener la solvencia actual a través de la venta de títulos estatales y restaurar una credibilidad indiscutible en el mercado del capital. El Gobierno español somete con toda su soberanía a este dictado a la sociedad y al aparato del Estado y ve en esto la única posibilidad de recuperar el dominio sobre el destino nacional, pese a todas las consecuencias devastadoras para la riqueza de la nación. Apuesta a que este dominio implica la confianza de los mercados de crédito aún cuando se pronostique al país por lo menos “10 años perdidos”. Y esto aunque el país ya lo había pasado mal, mucho tiempo antes de que se dejara admirar por un par de años del boom como modelo de éxito de la política europea de cohesión en la franja sur de la UE.

España y la UE – un camino de éxito del imperialismo sin alternativa

Pese al gran descontento que la crisis del crédito europeo provoca a los representantes del capital, del Estado y al pueblo en España, ningún grupo relevante del pueblo castigado ni económico ni político ni de los movimientos sociales, hasta ahora ha destacado por antieuropeísmo o por actuaciones hacia una salida de la UE. Los dos grandes sindicatos y los más de 150 colectivos sociales (“Cumbre Social”) lamentan que el gobierno de Rajoy y del Partido Popular “quieren arruinar el país”, reclaman el “fraude democrático” y que “así no se puede seguir” y piden “formación”, “hipotecas justas” y “un futuro para los jóvenes” (todas estas consignas de la Gran Marcha y de las manifestaciones de la Cumbre Social en septiembre y octubre 2012). Y que están en realidad hartos de toda la banda política: “¡Que se vayan todos!”. Todo esto se reivindica en manifestaciones y huelgas generales que no son pensadas como revueltas sino desde el principio, como una forma más radical de una protesta civil contra un gobierno incumplidor: el disturbio público no pone en cuestión ni la democracia española, ya que los manifestantes explícitamente solo están hasta el gorro con su personal de gestión, ni tampoco el rumbo capitalista de España dentro y con la UE. Y también los grupos separatistas de Cataluña y del País Vasco, de los que hablaremos más tarde, quieren quedarse de todas formas dentro de la UE y con el euro.

Aunque lo hubiera costado ya algo al país antes del actual siniestro, los gobiernos centrales de Madrid, no importa el color político, siempre trataron la pertenecía de España a la UE como el camino de éxito nacional sin alternativa. Y en eso Madrid insiste ahora como antes, en el programa nacional de volver a proporcionar finalmente a España el sitio merecido en el mundo, dentro y por medio de una Europa unida. A las fuerzas democráticas del país después de Franco ese objetivo les pareció alcanzable y digno de todos los esfuerzos nacionales. Querían ascender al liderazgo en Europa y con ello actuar dentro del círculo de los estados más importantes del mundo apostando por el deseo de los estados ya en la CE unificados de ampliarse con España como país importante. La intención de España de ascender en Europa y el expansionismo imperialista de los estados líderes de la Europa unificada se encontraron en el proyecto de la incorporación de España en Europa.

La integración de una España considerable en la Europa democrática y expansiva, fue ejecutada bajo el liderazgo de Alemania y Francia exclusivamente según las reglas de la CE. España debía cumplirlas convirtiendo profundamente a todo el país, y esto nunca dejaba dudar seriamente de su gran proyecto progresista a los diferentes líderes de los partidos. Al fin y al cabo aquello correspondió a sus ideas de que la nación tenía que librarse de la herencia del franquismo política y económicamente, que España tenía que cambiarse, ‘modernizarse’ para que fuera un peso participante dentro de la futura superpotencia europea.

Todo nuevo para el outsider exfascista – y nada de tranquilidad después de la adhesión

Por lo tanto, una cosa era evidente para las fuerzas democráticas españolas orientadas ya en la clandestinidad hacia un futuro “en Europa”, antes del fin del francofascismo con el empleo de cierto fomento y asistencia profunda de los respectivos partidos afiliados de la Europa Occidental: solo dentro de la entonces CE, una España postfranquista, democrática y capitalista puede transformarse en un atractivo emplazamiento de capital y en una plataforma económica de un sujeto político con pretensiones de poder, reconocidas globalmente. El país estuvo excluido de los créditos de reconstrucción y del Plan Marshall por su equivocado sistema gubernamental y marginado también políticamente durante el periodo franquista aunque gozara de cierta benevolencia por parte de los EEUU y de la OTAN, debido a su posición de baluarte anticomunista. La gestión fascista, también económicamente, había compuesto tras la Guerra Civil una base autónoma para su régimen y después de la Segunda Guerra Mundial no se orientaba en primera línea por las exigencias y circunstancias del libre mercado mundial, instalado por los EEUU. Bajo el concepto de sociedades holding (el mayor y más importante, el Instituto Nacional de Industria – INI) se establecieron en el país con crédito estatal, empresas de la industria básica de tamaños considerables y se las gestionó por medio de la explotación de una clase obrera, mantenida de una manera rígida y barata.[ 1 ] Algunas de ellas alcanzaron un tamaño competente en el mercado mundial como en la minería o la industria del acero, como en los astilleros, en la industria automovilística, con la flota pesquera, en la producción de energía o la telecomunicación, en el sector de la química y del armamento. Lo mismo en la industria de textil y de zapatos, gracias a una competencia de bajos salarios, y en la agricultura (particularmente aceitunas, frutas, verduras). No fueron admitidos en ellas participaciones extranjeras ni tampoco el acceso por parte de capitales europeos a los mercados españoles abastecidos por estas empresas, ya que estos mismos a partir de los años 60 y en algunos sectores vivieron una propia sobreacumulación a causa del exceso de su competición. Cuando las empresas no fueron rentables, los holding estatales se hicieron cargo de ellas bajo el punto de vista político de las necesidades nacionales y del empleo de la fuerza del trabajo nacional. Así se continuó con ellas o se las volvió a privatizar más tarde. Esta política, orientada en la conservación y el mantenimiento de la base económica de un capitalismo nacional, estuvo en vigor fundamentalmente hasta los años 70.

Los resultados se presenciaron desde el punto de vista del capital expansivo de la CE y sus agentes políticos por un lado prometedor y por otro molesto a la vez.[ 2 ] La presión de la CE, ejercida ya en la mitad de los años 70, aún antes del comienzo oficial de las negaciones de adhesión en 1979, terminadas en 1986, se dirigió por lo tanto, desde el principio, a la apertura de los mercados españoles hacia el capital europeo. Se esforzaron por romper la organización nacional y proteccionista de los mercados españoles y por someter la economía de España a la reglas del mercado europeo, es decir, a la libertad de circulación de capitales. Esto para la economía española significó en primer lugar adaptarse, señaladamente antes de la adhesión a la CE. Sin que recibiera compensaciones con abrir los mercados europeos para sus propias exportaciones, España tuvo que cerrar capacidades de producción, incluso contra la resistencia de las plantillas afectadas, sobre todo en el ámbito de los mercados de carbón y acero[ 3 ], regulados por cuotas, pero también en la industria pesquera y de los astilleros. España, a la inversa, ya en los años preparativos a la adhesión, abrió sus fronteras para las mercancías del Espacio Económico Europeo, arruinando así una parte considerable de las PYMES que hasta ahora aprovecharon el poder adquisitivo interno exclusivamente para sí.

Todo esto les convenció a los seguidores democráticos de Franco, fallecido en 1975. Para la modernización del país hacia Europa les pareció un precio imprescindible y tanto más necesario ante la crisis económica causada en los últimos años 70 y en el principio de los 80 por la fuerte subida del precio del petróleo. La competencia de los astilleros japoneses y coreanos, cada vez más productivos, secundados por el crédito estatal y aprovechándose de sueldos mucho más bajos que el salario mínimo en España, les complicó la vida a las plantas del norte de España y de Andalucía. Por lo cual, la posición europea sobre la superfluidad de la construcción naval en España se vio confirmada de la misma manera que aquella sobre la minería, no solamente asturiana, por el carbón más económico de America. Tanto más cuanto se declaró insoportable la deuda de los holding estatales antes salvadores en tales circunstancias y se consideró generalmente un “retraso de ajustes estructurales necesarios”, contrario a la política de la CE, la conservación de industrias nacionales de todos los sectores que han dejado de ser competitivas o en las que se encuentra un exceso de capacidad.

Ya en 1977, en el “Pacto de Moncloa”, es decir antes de la nueva Constitución, el Gobierno, junto con los partidos políticos, la patronal y con el apoyo de los sindicatos, proyectó medidas en el frente salarial y social: la nueva España democrática y capitalista debería estar provista de un sistema social lo más delgado y con costes bajos para las empresas. Pero ni la limitación de los gastos sociales ni el tope salarial dentro de la tasa de inflación galopante, ambos negociados en el pacto, consideraron las empresas en España, tampoco las extranjeras que ahora se establecieron, una oferta especial de usar la población activa a gran escala para sus negocios. Con el resultado que a principios de los años 80 un 22 % hasta un 25 % de esta población estaba en paro.

El nuevo estado social se hacía cargo de la tutela sobre la clase obrera que ahora se veía confrontada con los costes de la liberación de los míseros vínculos corporativos-fascistas de la protección contra el desempleo. Él instaló para todos los siniestros conocidos de la economía liberal y capitalista, los respectivos ramos de la seguridad social, y él se fijó en enderezar consecuentemente las bases imponibles y así las cotizaciones y las prestaciones de los seguros de paro, de pensiones y de accidentes a un nivel nacional competitivo y de bajo salario. La salud pública con sus ambulatorios, su farmacia y sus hospitales fue demasiado costosa, incluso con el modesto nivel intencionado. Su financiación a través de cotizaciones salariales hubieran aumentados los costes laborales a una manera no deseada. Por eso con la Ley General de Sanidad de 1986 se declaró la salud una tarea estatal, financiada por impuestos y las Comunidades Autónomas, gerentes del sistema. Así se estableció también en España el Estado de Bienestar, el cuidado de una pobreza rentable de las masas asalariadas. Y con esto, con su configuración más económica, se lucha en el frente de los costes no salariales por competitividad en toda Europa.

En el campo de legislación laboral se preocupó a tiempo de que los inversores encontraran las formas jurídicas idóneas para lo especifico del mercado laboral en España: contratos de campaña en la agricultura y en el turismo, trabajos temporales para la construcción y otros sectores y la prórroga del antiguo salario mínimo como nivel de (sobre)vivir –oficialmente definido y moralmente aceptado. Aquellas formas flexibles provocaron que los contratos fijos disminuyesen cada vez más y se normalizaran los ingresos precarios –hoy día y en la crisis más que nunca. Y las masas de los inmigrantes, ilegales o no tan ilegales, rebajaron una vez más el nivel salarial.

El desmantelamiento final de la “vieja industria” de España cayó en los tiempos del gobierno González (desde 1982) y sus seguidores después de la adhesión en 1986. Para la industria del carbón y del acero entraron ya en vigor las cuotas de la CE, estableciendo las modalidades de la ya existente sobreproducción y de la respectiva reducción de las plantillas.[ 4 ] Las restricciones de la exportación en la CE, vigentes hasta el final de la reforma industrial, agravaron además durante años la situación de la industria –conforme con las normas comunitarias. Lo mismo pasó con la agricultura, siendo excluidos del mercado común sus productos casi una década por la negativa de los franceses que amenazaron por años con el fracaso de la adhesión española. Se privatizaron casi 200 empresas estatales del INI y cientos de sus filiales, se vendieron y se cerraron si no se encontraba ningún comprador. Todo debería acortar la influencia del Estado español en la economía y según las reglas de la CE proporcionar al capital europeo inversiones rentables en la nueva ubicación. El cálculo español tras las graves pérdidas de la industria tradicional era por fin equipar el país de fuentes modernas de riqueza con la ayuda de capital extranjero y con el respaldo de fondos europeos.

El proyecto europeo de desarrollo deja algo que desear

En parte se colmaron los cálculos. El poder del Estado español gastó mucho en arar enormemente el país no solo para la persecución de los estados fundadores de la CE sino también para convertirlo en un sujeto importante del capitalismo y de la política mundial, tomando parte en el mercado común. El cambio en las antiguas condiciones de vida de la gente y la revolución económica hacia la creación de un campo moderno para inversiones hispano-europeas, solo han sido la mitad del camino. Al contrario de lo que se imaginaron los gerentes estatales, el antiguo INI con toda su cesta de empresas no se convirtió en un centro de nuevas actividades capitalistas en provecho de la nación sino se cerró en 1995 y se sustituyó por una nueva sociedad que solo administraba los fondos públicos restantes. Usando las nuevas oportunidades de negocio, los inversores europeos e internacionales se reservaron del inventario empresarial en España lo que podían necesitar y gestionaron en el futuro sus negocios sin respetar en absoluto la ubicación española. ENDESA, por ejemplo, la gran compañía energética, antes estatal y el más importante proveedor de España, hoy día tiene sus centros empresariales en Latinoamérica y ahora está por mayoría en manos italianas. También las compañías petrolíferas, antes estatales y privatizadas en la Repsol S.A., en el presente hacen sus negocios principales en Latinoamérica y toda Europa meridional. Los restos de la industria siderúrgica pertenecen al consorcio indio de Mittal que deja competir sus fábricas en todo el mundo, una contra la otra en cumplimiento rentable de los encargos por repartir. SEAT, una fundación INI de 1951, es una filial del consorcio Volkswagen y estuvo para éste ya varias veces a disposición en el marco de su estrategia mundial de producción y distribución. La industria automovilística internacional (VW, Ford, Renault, Nissan entre otros) como todos los otros capitales extranjeros sí se aprovecharon las ofertas de los gobiernos españoles en cuanto a fomento y ahorros tributarios. Y les convinieron los costes laborales, todavía muy favorables, por consecuencia del contrato de Moncloa.[ 5 ] Compraron empresas de industria antes españolas o fundaron nuevas empresas. Pero, para convertir España en una potencia exportadora, el crecimiento nunca era del todo suficiente. Tras la descomposición de la vieja economía, los negocios capitalistas, que se hacen en el suelo hispánico o los que salen de su suelo, nunca legitimaron ni aumentaron sustancialmente el crédito de España. No reforzaron por lo tanto su base económica ni el poder político que se funda en ella. Según las curvas estadísticas de los déficits mensuales de la balanza comercial, publicado en el archivo del Banco de España, España desde 1962 hasta hoy nunca ha conseguido en ningún mes un excedente de exportación positivo.[ 6 ]

Con “convergencia” contra el “retraso en el desarrollo”

Hoy, Antonio Tajani, comisario de industria de la UE, después de la quiebra de grandes partes del sector de construcción, que era 10 años el “pilar principal de la economía española” (FTD, 31-10-2012) contribuyendo al PIB hasta un 20%, repasa el inventario de la industria exportable en España y descubre algo fatal: además de la “falta de competitividad” ve como “defecto mas grave de la política industrial en España” la “destrucción del tejido industrial” que obliga urgentemente a una “reindustrialización” (El País, 9-10-2012) del país. El conocimiento del comisario de que España había “fundado su crecimiento en maná falso”, es decir en el del boom del ladrillo, es, no obstante, el estilo de un sabelotodo ex post. Tampoco él encontrará algo erróneo en un crecimiento capitalista sea lo que sea en lo que se base; finalmente se convierte en maná equivocado solo cuando deja de existir. Pero España estaba lejos de aquella situación, cuando cumplió con las condiciones de adhesión. Más bien se tenía que volver a arrancar la acumulación y era obvio que a España le desbordaba la financiación de su rol de proyecto desarrollista en una CE que se quería redondear en su flanco sur. España, por un lado, una esperanza europea de las especulaciones imperialistas hacia los mercados latinoamericanos y el litoral norteafricano de enfrente, por otro lado, no podía permitirse de sus propios recursos la construcción de una posición en la CE –competitiva, modernizada y próspera. La privación de ramos importantes de tradicionales fuentes de producción de riquezas del país y su explotación selectiva por parte del capital extranjero no generaban los recursos suficientes para las necesidades pertinentes de desarrollo. No valían para las ambiciones exigentes, hacer del país una base apropiada para la nueva democracia y cumplir con el rol que las naciones unidas en la CE le asignaban.

Esta deficiencia fue el punto de partida de una promoción a través de los “Fondos de Cohesión”, de lo “Social” y del “Desarrollo Regional”. Formas primitivas ya se instalaron mucho antes de la adhesión de España en los años 60 para la liquidación y reestructuración de la agricultura en “regiones poco desarrolladas”. Pues, la desarticulación de la vieja base productiva y el acceso del negocio europeo al mercado español y su poder adquisitivo, fijaron las diferencias competitivas entre el nuevo miembro y las potencias capitalistas en Europa. Las siguieron aumentando en vez de dejarlas desvanecer. Con los recursos de los fondos se acometió la mejora de las condiciones de negocio para inversores futuros y se invirtió sobre todo en la “Infraestructura”. Se apostó en que se equilibraran alguna vez las ventajas de los capitales prepotentes europeos en el mercado, ahora libremente accesible, solo al desarrollar y mejorar las “condiciones previas” para el enriquecimiento privado de todos los interesados, los nacionales y los extranjeros. Para transformar esta expectativa en una política de futuro, se movilizaron año tras año sumas de miles de millones para subvencionar “medidas que van dirigidas a la ‘convergencia’”. “Esta meta consiste en la aceleración de la convergencia de los estados miembros y de las regiones con mayores retrasos de desarrollo a través de la mejora de las condiciones de crecimiento y de empleo.” (Citado del “resumen”, delante del texto del decreto para el tercer periodo de fomento del Fondo de Cohesión)[ 7 ]

Digno de promoción era sobre todo la financiación “en las áreas de medio ambiente y redes de comunicación transeuropea” (advertencia preliminar del Reglamento Europeo del Fondo de Cohesión). Los fondos se hacían cargo hasta de un 85 % de los costes del proyecto. Los créditos restantes eran baratos para el nuevo miembro de la CE, debido a los intereses ya mas bajos. Así se llenó primero el país con muchas nuevas carreteras, grandes líneas de tren, varios puertos, aeropuertos y respectivas ampliaciones. En la costa, la floreciente industria de turismo llevaba a cabo la obra de reconstrucción con complejos hoteleros y urbanizaciones vacacionales, cada vez más y más grandes. Y empezó a mostrar como se puede, al convertir paisajes hermosos en fuentes de dinero, arruinar los paisajes hermosos. Esto se sumó, a fin de cuentas, a un crecimiento bonito.[ 8 ] Le dio un fuerte empuje a la industria de la construcción. Y le dio a la banca nacional, la pública y la privada, que se encargaron de la financiación, una posibilidad de ganar algo.

La nación cumple con creces sus propios deseos de crecimiento – construir para el capital financiero, hasta que el éxito pierde los nervios

El capital europeo, sin embargo, no aprovechó las ofertas españolas en la medida esperada, pese a numerosos éxitos parciales[ 9 ]. No generó de la mano de obra barata y de las condiciones, bien preparadas por parte de la administración, un respectivo crecimiento. Pero esto no desanimó nunca a los organizadores políticos. Ellos, por lo contrario, aprovecharon el estatus de España como proyecto europeo de desarrollo y su integración en el sistema crediticio del euro y en los mercados internacionales del crédito, para hacerse ellos mismos su propia ascenso hacia un poder económico en la UE.

En la segunda mitad de los años 90, el gobierno conservador de Aznar, a través de la reforma del derecho del suelo, abrió fuentes de nuevos recursos a los municipios y comunidades, a menudo con problemas financieros. Las comunidades, en lo sucesivo, podían declarar edificables sus suelos y mercantilizarlos en gran parte de manera autónoma y con trámites simplificados. De la oferta ellas hacían uso con abundancia. Multiplicaron sus solares y zonas urbanísticas en tiempo récord y sanearon sus presupuestos comunales. Además, el comportamiento correcto en las votaciones, en el sentido de un inversor, enriqueció de pasada a numerosos concejales y miembros locales de los partidos.[ 10 ]

A las masas de los españoles dispuestos para construir y comprar, y tradicionalmente (alrededor de un 85 %) propietarios sin “cultura de alquiler”[ 11 ] (n-tv.de, 17-5-2010), se les vendió la medida incluso como beneficio político. Se les vendió inmuebles a aquellos que estaban en búsqueda de pisos baratos, pese a sus bajos e inseguros ingresos, y a otros que buscaban una segunda casa en el mar, confiando en su mejor nivel de renta. Este último “segmento del mercado” también atrajo a miles de compradores extranjeros –hacia las “urbanizaciones” que se dispararon. Pero antes que nada fue la medida política del gobierno Aznar una oferta al capital bancario y al de la construcción: éste compró masivamente terrenos de edificación, fundó o financió con su crédito un sinnúmero de sociedades inmobiliarias y se puso con ellas junto con empresas de construcción, promotoras y agentes inmobiliarios a planificar, realizar y comercializar proyectos de ladrillo.

Los intereses en la UE han sido favorables para los negocios y cayeron, en un primer momento, desde la introducción del euro –en1999 como dinero bancario, en 2002 como dinero efectivo.[ 12 ] Con la introducción del euro, la banca española y el Estado eran tan solventes desde el punto de vista de los comerciantes globales de obligaciones, por parte de los prestamistas y los inversores que se les proporcionó con mucho gusto capital financiero en busca de inversión en los negocios de allí. El crédito común de la entera zona del euro fue considerado igualmente seguro, los criterios del Tratado de Maastricht causaron confianza en su solidez y no surgieron dudas de que España, como todos los estados del euro con interés de financiarse, mereciese su crédito en cantidad y cualidad. La competencia del capital financiero por una clientela así cumplidora impulsó a la baja los intereses y proporcionó así a todos los negociantes de cualquier tipo, crédito barato en abundancia, de origen doméstico o extranjero. Esto produjo una expansión del mercado inmobiliario con precios al alza y un boom en el crecimiento. Ahora, posteriormente, después del estallido, se condena la sobreacumulación, acelerado de tal manera, de “dramáticamente mala asignación de recursos”.[ 13 ]

Basándose en esto, los vendedores de préstamos hipotecarios animaron al grueso de los interesados por la compra con abundante crédito a intereses bajos. Y éste no era en su mayoría en modo alguno adinerado. No deberían desalentar los galopantes precios inmobiliarios a ningún necesitado de que comprara: una vez comprado un piso se hacía cada vez más rico –sobre el papel. Para poder realizar la compra a fin de cuentas, las entidades crediticias ofrecieron reducción de las tasas de amortización a través de prolongación del plazo de vencimiento. Se ofrecieron plazos récord de hasta 50 años, con lo que, incluyendo los intereses, los compradores adquirieron el piso una segunda vez, como calculaba una asociación de aprovechados clientes de la banca. No les molestaba a los negociantes ingeniosos el reglamento estatal de limitar los créditos hipotecarios a un 80 % del valor inmobiliario. Se sobrevaloraba ficticiamente los objetos de compra hasta un 120 % del precio, realmente pagado, para que incluso un crédito de un 80 % de este ficticio valor mercantil más o menos bastara para una compra del todo sin capital propio. Así se derribaron las restricciones de la ley, considerándolas obstáculos para la mercantilización de préstamos inmobiliarios. Y esto sin que ninguno de los participantes se tuviese que haber preocupado: el mercado, viviendo un auge, sí legitimaba a la esperanza grata de que ya mañana se pudiera verificar el asiento sobrevalorado en la contabilidad del bien raíz en cuestión. El método aumentaba además el volumen de las operaciones de crédito y otorgaba al banco prestamista una mayor fianza contabilizada, por lo cual se disminuían las reservas exigidas por la ley. Pero por otro lado, también se empeoraba la relación entre el volumen del crédito y el valor de la fianza, actualmente alcanzable. Por ahora, sin embargo, todo esto fue un encanto para el banco. Además, el banco se podía liberar totalmente del riesgo de que los intereses subieran durante los plazos largos. Y esto resultaba de la usanza comercial, legal y habitual, pero en otros países no habitual o incluso prohibida, de conceder créditos inmobiliarios exclusivamente con un interés variable, por lo general el euribor (el interés interbancario) más 1 %. Una costumbre amena, que no obstante hacía extremamente precarias, en caso de subida del interés, las relaciones crediticias, inseguras ya por los ingresos bajos y a menudo poco seguros.

Los gobiernos del PP, los que iniciaron el boom del lado político, también estaban representados perfectamente en el lado del negocio. La gestión de los mayores bancos públicos, comparables a los Sparkassen de Alemania, estaba en manos del partido, con la consecuencia que la voz del pueblo las nombró “cajas de ahorros del PP” (El País, 10-5-2012) a las más grandes: la caja de Madrid y la Bancaja, hoy fusionadas en Bankia. Al servicio de crecimiento y puestos de trabajo, los bancos públicos empujaron fuertemente el auge rápido de las nuevas “industrias claves”, la del ladrillo y la del crédito. No quisieron dejar a los grandes bancos privados, de todos modos yendo al buen ritmo, el negocio con el crédito. Aprovecharon que estaban presentes por todas partes en todo el país y atrajeron así una buena parte de la financiación floreciente. A lo largo de pocos años, el crédito puso en marcha la coyuntura de la construcción de tal manera que grandes partes de la mano de obra sobrante fueron absorbidas (el paro en España cayó hasta 2007 a un 8 %). Y Europa y el mundo miraron con respeto la historia del éxito en España, contra todo lo que auguraron pesimistas “observadores del mercado”, que en 2006 empezaron a advertir de “un estallido de la burbuja”. Los activistas y oportunistas del negocio no dudaron sobre el éxito y jugaron a una continuación. Pues, ellos con su boom crearon su propia nueva y futura clientela, incluyendo en ella a las filas de los que recientemente estaban dotados de trabajo y a todos los que salían ganando del nuevo modesto poder adquisitivo. A esta clientela le ofrecieron su fabuloso crédito barato incluso para un segundo o tercer piso en la costa, como seguro para la vejez o simplemente como inversión, con futuro asegurado y rentable a la vista de precios en alza. Así se transformaba la necesidad del negocio de construcción por más crédito –para poder acumular más rápido– sin dificultad en la necesidad del negocio de crédito por aún más construcción. Generalmente, un nuevo crédito facilitado se podía despachar siempre y en cualquier cantidad en vista de las numerosas ventas en el mercado inmobiliario –en España son “pisos tan líquidos como títulos de valor”, anotaba la sección económica de El País en el culmen de la especulación en 2007. Para abastecer esta necesidad urgente del capital bancario, la industria de construcción se volcó muchísimo y construyó en años récord tantas edificaciones nuevas en el suelo español y por encargo de las múltiples agencias crediticias como sus homólogos en Alemania, Francia y Inglaterra todos juntos. Pero ahora las construyó no más para suministrar una demanda, algo conocida o presumida, sino en la confianza especulativa que de toda forma se acreditase el crédito usado a través de la venta, en un mercado con garantía próspero y con precios en alza.

En total, absorbió la banca española crédito del globo entero: los grandes bancos privados, especialmente Santander y BBVA, se hacían monstruos de deudas, activos a escala mundial, que “expandieron por el extranjero de manera agresiva” (FTD, 26-10-2012), en Chile, en Brasil o México, pero que están también muy metidos en Alemania y Gran Bretaña y que ascendieron entretanto a la lista de los 28 “bancos considerados mundialmente relevantes”, los que de ninguna manera se puede dejar que quiebren. Los bancos del sistema de las cajas se metieron principalmente en el mercado nacional y sus bienes inmuebles como fuente más importante de su crecimiento. Empezaron ya antes del agotamiento del boom y aún más después de ello con fusionarse en todo el país. Así lucharon por garantizar su solvencia con balances cada vez más grandes, ante las dudas crecientes sobre el valor de sus activos, más tarde mal mirados de “tóxicos”. Las empresas españolas de construcción consiguieron, como los bancos, durante la bonanza nacional un formato internacional. Los pocos, que aguantaron hasta ahora la crisis, construyen mientras tanto en todo el mundo puertos, aeropuertos, autopistas, ferrocarriles y canales navegables. De vez en cuando compran incluso vetustos consorcios alemanes de tradición como la constructora Hochtief AG, –m no por último, como se comunica, para poder aguantar sus múltiples deudas mediante otra expansión. (véase El País, 28-10-2012)

El Estado salva su sistema crediticio y se ve confrontado con una crisis de sus deudas –y el capital financiero internacional aprende a distinguir de bien en mejor sus euro-deudores

Cuando en el verano de 2007, aún un año antes de la quiebra de Lehmann Brothers, vuelve a derrumbarse una de las grandes empresas financieras de inmuebles, cuando cierran bancos alemanes y franceses los primeros fondos ABS con papeles americanos y cuando el BCE paga al sistema bancario europeo 95.000 millones de liquidez “para evitar un pánico” (telepolis, 10-8-2010), crecen las dudas de los acreedores también en el curso de los negocios españoles, en un “ambiente de inseguridad intensa y una disposición frenada de los bancos a la concesión de créditos” (finanzen.net/nachrichten/aktien/, 29-11-2007). Pues, la “subida de los intereses de crédito por parte del BCE” en agosto de 2007, crecientes hasta un 4,25 % desde su nivel más bajo de un 2 % en 2003, y los precios, todavía en alza, proporcionaron ya “una decreciente actividad en las compras inmobiliarias” (telepolis, ibídem). Y en la primavera de 2008, por consecuencia, “el Ministerio Español de Vivienda tenía que admitir por primera vez: los precios inmobiliarios caen.” (Die Presse, 21-4-2008) Así se demostraba, como es debido en los negocios capitalistas, que al final de todo también la acumulación financiera del capital bancario en España, inducida por el “gran motor de coyuntura, la industria de construcción” (Die Presse, ibídem), no es otra cosa que una sobreacumulación de tamaño grandísimo. El “demasiado” en esta situación se realiza cuando el crédito nacional e internacional ya no cree capaz al sector español del ladrillo y a los vendedores de sus productos de mantener en valor las deudas, acumuladas con tanto éxito en los años del boom. Las deudas, por lo tanto, de las empresas de construcción, de las promotoras, de los que negocian el suelo y naturalmente también de la estimada clientela final de los pisos, están en peligro de no representar capital para la banca y de perder su derecho capitalista de una fortuna en aumento. Los precios de los pisos cayeron, por lo tanto, y las posibilidades de mercantilizar las casas, construidas por crédito, devinieron más inseguras. Y así confirmaron la desconfianza creciente del sector de crédito, activo en el globo entero, que ya estaba amenazado más o menos directamente por la oleada de quiebras en EEUU. Todo esto consiguió que el crédito para proyectos actuales y futuros se hiciera más escaso. El sector de la construcción en todo caso perdió en pocos meses en España su rol de gran agencia de rotación del crédito y de capital. El euribor, que con su subida refleja la creciente desconfianza entre los dueños del crédito entre sí mismos, frente a 2003, se duplicó en la primavera del 2008 con un 4,8 % y hace de los compradores cada vez más deudores que están atados a los intereses variables de los préstamos a los que ya no pueden hacer frente. Y la bajada de la actividad en la construcción hizo que también el paro volviera a subir. Ya en este momento son “morosos 300.000 empresas y 2,4 millones de prestatarios”. El gobierno anuncia por lo tanto un primer paquete de ayuda de 10.000 millones de euros – “para la desgravación fiscal y el fomento de la vivienda social”, como se dice. (Die Presse, ibídem)

Todo el año 2009, dos años después pasado el boom, sin embargo parece a alguno que otro de los observadores, que el sistema bancario en España es de una solidez ejemplar. Y eso que no pocos terrenos y deudas activas se contabilizaron en los balances bancarios todavía con su valor original y no con el valor comercial actual, mientras tanto caído o a veces incluso inexistente. Los managers se elogian por ello y se dejan elogiar: “a causa del control rígido en España nunca se permitía que se vendiesen créditos suprimes” y “…que el crecimiento masivo del comercio con los créditos protegía a los bancos del país de aventuras arriesgadas en ultramar”; además “conocían los bancos a la mayoría de sus prestatarios desde hace años”, les vendieron entonces sus créditos hipotecarios como si se tratara de un favor entre vecinos, y, aún más tranquilizador: “la propiedad de vivienda es muy importante para el español; por lo tanto va a ser la hipoteca lo último que él va a dejar de pagar”. (Zeit online, 4-5-2009) [ 14 ]

Hoy en día, parecen aventuradas las evasivas confusas. Pero reflejan el grado de constante confianza que tenía todavía una parte del público y sobre todo el mundo de las finanzas, en el sistema de crédito en España, pese a la implosión del crédito inmobiliario. Que no estén tan brutalmente afectados por la crisis americana de los suprimes como la competencia británica y que todavía no se exprima la nacional crisis inmobiliaria en circunstancias que amenazan existencias vitales de los propietarios de carteras de préstamos, se dice y se ve a los bancos españoles, ante todo a los grandes privados: Santander y BBVA, “avanzando” (Die Presse, 22-4-2008). Es para ellos “segura la envidia de la competencia” (Zeit online, 4-5-2009), cuando presentan sus números trimestrales, y “parece que solo en España una supervisión bancaria atenta ha evitado peores casos” (n-tv.de, 1-4-2008), como han pasado en otros países europeos en el ámbito bancario.

El “Handelsblatt” alemán refiere a mediados de mayo: “los bancos en España se reorganizan” (HB, 14-6-2010), pero se refiere con su noticia sobre todo a la suma de miles de millones de las arcas estatales que solamente hicieron posibles las fusiones de las cajas públicas, “gimiendo después del pinchazo de la burbuja inmobiliaria debajo de una montaña de créditos dudosos”. Pues, ya ha pasado algo: la economía española “sufre actualmente el acceso difícil a una financiación externa” (HB, ibídem) y “se halla en recesión desde el final del boom inmobiliario” (Manager Magazin, 3-4-2008). Desde que el sector del ladrillo ha dejado su rol de factor de crecimiento, se muestra que el resto de la economía española no puede compensar esta pérdida. El gobierno de Zapatero lucha contra la debilidad del crecimiento de capital español y sustituye la escasez del crédito privado por crédito “creado” públicamente. A principios de 2008 decide este gobierno un plan de recuperación económica de miles de millones. Después de la reelección en abril añade otros 18.000 millones, en el noviembre de nuevo 11.000 millones y 20.000 millones para 2009 y 2010. En el inicio del 2010 lanza un programa de fomento y estabilización bancaria de 70.000 millones en total, llamado “plan E” (Estímulo de la Economía y del Empleo). Resultó de ello un agujero presupuestario de 220.000 millones, cubierto con nuevas deudas. Esto y el déficit anual ya de un 11,2 % aporta a España un procedimiento de déficit excesivo de la Comisión Europea (según: Ministerio de Exteriores de Alemania, la situación actual de la economía española, marzo 2010).

Aquellos que hacen sus negocios con las necesidades crediticias de los estados y que normalmente firman con el nombre “los mercados”, obviamente observaron muy bien el desarrollo del campo español. A partir de 2010 reaccionan a su manera, dejándose pagar sus inversiones en títulos y obligaciones estatales con réditos tremendamente en subida. Ellos consideran y tasan al Estado español: uno que no se recupera desde el final del boom del crédito a la construcción en 2007, uno que, acabada la historia de éxito, por lo visto no puede emplear lo suficiente para volver a llevar a crecimiento su economía, que compra más bien crecimiento de capital con cada vez más crédito estatal y trata de mantener en valor al crédito privado fracasado con su aval crediticio. A un tal deudor consideran “los mercados” un “riesgo”, a quien se presta nueva liquidez solamente con una “prima” extra para sus empresas dudosas. Los réditos suben por lo tanto para las obligaciones españolas de 10 años desde 2010 a más del 5,5 %, habiéndose movido hasta 2009 en un margen de 3,5 % a 4,5 %. Hasta 2012 suben a un “insoportable” 7 %, mientras se compran comparables papeles alemanes a un interés mínimo de menos del 1 %.

Así pues, los compradores, valorizadores y vendedores de obligaciones estatales aprendieron desde la introducción del crédito en euro. Renunciaron al punto de vista de que las deudas de los países del euro eran para ellos una mercancía igualmente buena; se enteraron de que la mercancía de crédito en euro no era de antemano equivalente para el capital financiero internacional, de valor fijo, apta para la formación de capital e igual de líquido como dinero efectivo en euro. Renunciaron por lo tanto a la idea de que las deudas en euro tuvieran automáticamente una solvencia de triple A solo porque formaran parte de una moneda común. 10 años después de la introducción del euro, pero también tras la ruina de otros tres estados PIG, toman nota de que la expresión común del poder crediticio nacional no es lo mismo que un crédito común; que las naciones que comparten esta moneda están en competencia entre sí y tienen que ganarse el crédito que está denominado en aquella. Tienen que presentar como éxito de su endeudamiento un campo nacional en acumulación, por lo tanto uno que premie inversiones privadas y públicas con incrementos seguros de la riqueza. De principio a fin, el mundo financiero lo había practicado con los “casos” de Portugal, de Irlanda y de Grecia: que el euro ya no es una garantía de solvencia fiable para los estados del euro y por lo tanto la “zona del euro” ningún refugio de tipos de interés aproximadamente homogéneos para las diferentes deudas nacionales. El capital internacional pone en práctica que un “bail-out”, una corresponsabilidad financiera, en el caso de España como en otros de la zona del euro no existe. Los saltos en el rédito de las obligaciones del Estado español expresan –igual que el récord de la bajada de los intereses alemanes– que ya no existe la identidad entre la moneda común y la seguridad del correspondiente crédito nacional, tampoco en el caso de España. España, aunque de otro calibre económicamente que aquellos países ya arruinados de la zona euro, también tiene que aguantar el examen por parte del capital financiero, como todos los países, si y cómo sabe justificar a través de su situación competitiva más inversiones en sus títulos estatales. El juicio sobre la credibilidad de España, resultante de esta comparación, no es bueno desde 2010 según aparece en los costes de refinanciación, considerablemente en aumento, como es bien sabido. La desconfianza de los inversores se nutre por un lado de la desconsideración con la cual el gobierno usa el crédito nacional para evitar el colapso del sistema bancario y por otro lado del radicalismo en el ahorro con el cual se quiere mantener bajo control de una forma u otra la balanza del endeudamiento en expansión. Pues, la política de ahorro agudiza la recesión económica. Los inversores contabilizan con ojos críticos que dentro de pocos años el endeudamiento total del país ha crecido del 60 %, casi modélico comparado con otros en Europa, hasta el previsto 90,5 % del PIB, 2013 todavía en recesión (según el anteproyecto del presupuesto del gobierno, dpa, 29-9-2012) y todo esto sin que haya vuelto a “arrancar” el crecimiento en España.

Las exigencias de rédito para la compra de deuda estatal española están en 7 %. Esta es una cifra que sobrepasa la solvencia de la nación a la larga, según las opiniones del gobierno y de todos los observadores expertos, y solo puede ser reducida durante cierto tiempo por la expectativa de un pedido subsidiario al fondo europeo de rescate o por intervenciones del BCE. Los mercados de finanzas asignan al país, antes el ascendido dentro de la UE, de momento un puesto en las filas de las naciones europeas en crisis. Pero, de aquellas se diferencia el “caso” español significativamente –y, nota bene, por el tamaño de sus problemas financieros. Si “cayese” España, si estuviera insolvente, moriría el euro, es la preocupación. Pues, quizás al final ninguno compra obligaciones en euro de Italia, y se cuestiona, si entonces las deudas de Francia y por fin de Alemania a los mercados valiesen como bienes. Que no solo sean montañas de deudas que comprueban el fracaso de la moneda en la que están denominadas. España funciona de “baluarte”, así se informa, en el que “deben romperse las olas de los ataques, … porque así ella defiende también a Italia, y a lo mejor a Francia –dos países que de todas formas tienen que estar protegidos de que los mercados los tengan en el punto de mira, si se quiere conservar el euro–.” (SZ, 21-9-2012)

La crisis se agrava – la economía se tiene que reajustar

La continuación de la crisis y el respectivo trato político confirman a los inversores internacionales: una masa de 650.000 viviendas no son vendibles, a veces se estima el stock en más de un millón, siguen devaluándose; sus constructoras, los vendedores e intermediarios están en quiebra; en manos de los acreedores se acumulan cada vez más créditos no saldados y pisos devaluados y adquiridos por ejecución forzosa. Esto hace que la base del capital propio de cada vez más bancos se vuelva menos sostenible según los reglamentos europeos y españoles. El instituto más grande del sistema de las cajas, el Bankia, entretanto fusionado de siete cajas regionales, todavía emprende un intento de financiarse a través de la bolsa y aterriza finalmente en la primavera de 2012 en la nacionalización, con unas docenas de miles de millones de euros para sanearse. El Estado español reconoce la “relevancia” de sus bancos amenazados para el “sistema” y emplea después de la transición al gobierno conservador de Rajoy en el otoño de 2011 una vez más su crédito. Pero ya no para programas de recuperación al estilo del gobierno de Zapatero, aunque su periodo gubernamental finalizara con un exorbitante programa de ahorro estatal que imponía a los españoles “los mayores recortes desde los tiempos de Franco” (euronews, 27-5-2010). El gobierno Rajoy emplea el crédito estatal para repetidas acciones de rescate y se aumentan por lo tanto una vez más las dudas en la solvencia del Estado. Para afrontarlas se deciden programas adicionales y más extensos de ahorro, de subidas impositivas y de recortes sociales. Se anuncian ahorros presupuestarios de 60.000 millones tras la entrada en el gobierno y más de otros 50.000 millones para el verano de 2012.

Ahora, después de los años de acumulación impetuosa, todo tiene que volverse más barato: la mano de obra para el capital, para que éste pueda en fin volver a arriesgar en estos tiempos difíciles algo “competitivo” en el campo económico de España; los montones de viviendas recién construidas e invendibles en la cartera de los bancos que necesitan liquidez y tienen que adaptar, empujados por el Estado, sus balanzas a la pérdida real de valor; los costes laborales y materiales de los servicios públicos que el Estado ya no quiere seguir permitiéndose más; y menos los costes sociales para el pueblo. El poder adquisitivo de las masas cae, empobrecidas por el paro de un 25 % en el promedio del país, igual que la demanda del Estado. Y todo esto hace caer las cifras de crecimiento y los recursos del Estado que vuelven a estar debajo de las expectativas presupuestarias, ya recortadas. “La aritmética es sincera y despiadada” opina un “conocido estratega inglés de inversión”: “deja parecer inalcanzable el objetivo de solamente estabilizar las deudas españolas“ (El País, 4-11-2012).

No solo se ha estancado después del “estallido de la burbuja inmobiliaria” el crecimiento en España. También se destruyen por desvalorización partes importantes del equipamiento con capital de la economía; porque en la “burbuja” no solo corría aire caliente sino que ella estaba llena de deudas que equivalían a dinero, que representaban hasta hace poco riqueza “trabajando”. Por consiguiente se rompen los negocios y desde el comienzo de la crisis en 2007 más de 210.000 empresas han dejado de existir. Sus facturas no se les pagaba y ellos mismos no pagaban a sus deudores. Lo mismo se efectúa no solamente en el sector de la construcción sino también en las industrias cooperadoras, más o menos dependientes y como consecuencia en el ámbito del pequeño y gran consumo [ 15 ]. Los pisos sobrantes se malvenden, si es que se venden, con subastas forzosas y con un descuento de 20 % hasta 40 %. El Banco Malo del gobierno anuncia para la futura compra de terrenos y “activos tóxicos” de los bancos rescatados “rebajas entre 32,4 % y 79,5 %” (SZ, 30-10-2012)[ 16 ]. Estos descuentos por ejemplo ya practica el propio banco malo que acaba de fundar Bankia. Y encima de todo se ha “acelerado la fuga de capital en los últimos 12 meses llegando a una cantidad de 235.000 millones, una suma que no tiene precedente en los archivos del Banco de España” (El País, 28-9-2012).

Para el Estado español, las pérdidas que sufre el capital se suman en una grave carga. Financia su poder con las rentas que saca de su economía y basa su solvencia en ellas. Ahora se ve forzado a luchar por su economía, bajo la observación desconfiada de las agencias del capital financiero internacional. El Gobierno sabe: la recaída del crédito privado de la nación a una montaña grandiosa de deudas precarias daña completamente la producción de la riqueza nacional y quita, a los ojos de los acreedores, al poder político la base de su endeudamiento. Por lo tanto, los esfuerzos del Gobierno de sustituir el cada vez más fracasado crédito privado por el crédito estatal quiere calmar la desconfianza de los mercados. Quiere demostrar que el poder estatal sí es capaz de conservar las condiciones del negocio nacional y con ellas las bases económicas del poder estatal. Por este motivo los programas de rescate estatales mantienen en vigor los “assets” devaluados de los institutos crediticios, hasta el límite de la capacitad de endeudamiento propio, como si tuviesen aún su valor. Al mismo tiempo insisten en un “saneamiento” a través de retoques de las balanzas bancarias y en un refuerzo de la base del capital propio de los bancos –a menudo financiado por el propio Estado. Lo que así se impone prácticamente a nivel de la sociedad es una devaluación real en el marco de una tramitación algo “inofensiva” y ”ordenada”. Desgraciadamente aquello lleva consigo otra necesidad crediticia del Estado.

Al mismo tiempo, a partir de junio de 2012, cada vez más autonomías regionales se presentan al gobierno central con solicitudes de ayudas financieras. No pueden cumplir con sus deudas y los costes corrientes. A ellas se les ayuda a toda prisa con créditos en el marco de un fondo interespañol de rescate, que asciende a 18.000 millones y al que contribuyen “prácticamente todas las entidades financieras de la nación” (El País, 21-9-2012). A todas estas, por muy morosas que sean, se les pegan nuevos títulos estatales en sus balances, Mientras la lotería estatal tiene que ayudar con un préstamo de 4.000 millones de euros.

Ante el vaivén permanente entre el reconocer y el desmentir de la insolvencia estatal, los acreedores internacionales no tienen ningún motivo para apartarse de sus exigencias de réditos que les parecen conformes con el riesgo. Complican a España cada vez más la cobertura de sus crecientes necesidades financieras. Con la consecuencia que el país, luchando con los competidores prepotentes por el reparto de las pérdidas de la crisis europea de las deudas, finalmente y poco a poco se ve como objeto de asistencia y subordinación por parte de ellos. Se confirma el debilitamiento universal de los medios de competencia de la economía y de su tutor estatal, que aguanta cada día menos la comprobación de su capacitad de endeudamiento. Ya no está en las manos de solo España salvar a sus bancos y ser garante de su propio crédito, sino que esto depende de las garantías y los compromisos del extranjero, del FEEF, del FMI, del BCE y de Berlín, quedando el uso del crédito, en cuanto España lo necesite, sujeto a salvedades definidas por ellos. Así el gobierno de Rajoy tan sólo puede aplazar la solicitud del “rescate” y la sumisión formal bajo el régimen del FEEF –y esta dialéctica puja al máximo hasta cuando sea posible – , porque “el fondo de rescate”, BCE y FMI “están preparados” (Draghi) para imponer a España este régimen, a petición.

España pide solidaridad europea – y respeto a la nación orgullosa

Contra la oferta de ayudas crediticias como contrapartida a la sumisión bajo el régimen de rescate, España mantiene su derecho a la “solidaridad europea”. Esta no debe estar vinculada a condiciones inaceptables. El gobierno presenta a la nación como un miembro de la comunidad que por nadie se deja superar en lealtad hacia Europa. En cualquier otra parte se riñe enconadamente si Europa y el euro “merecen” los esfuerzos, pero en España existe amplio acuerdo dentro y fuera de la “clase política” sobre que el euro y su crédito serían justamente en la crisis un remedio sin alternativa para España y por lo tanto de ninguna manera para tirar. Para la política española la ayuda europea es una cosa convenida. Europa tiene que ayudar a la nación en sus esfuerzos de superar la crisis porque su resurgimiento de la recesión está en el “interés europeo”.

El gobierno al principio sí recibe la confirmación de un crédito de 100.000 millones de euros para el apoyo de sus bancos. Posteriormente afirma que solo necesita 60.000 y luego 40.000 millones de euros y se enreda enseguida con los acreedores en un riña si la suma se debe incluir directamente o no en la deuda estatal. Si hay una diferencia, si el dinero se transfiere directamente a los bancos o a través del fondo de rescate nacional (FROB); si se pueden usar los 40.000 millones de euros restantes para otros planes más urgentes, quizás, como es el deseo de España, y si aquello es posible sin ponerlos en cuenta de la deuda general…

La respuesta de las respectivas instituciones crediticias es unívoca: Draghi repetidamente se declara dispuesto a facilitar euros del BCE a cambio de obligaciones si los españoles se someten a los regímenes de ahorro en su presupuesto, controlados por la UE. Se tomaría en cuenta también la concesión de “líneas de crédito” como fase previa al mecanismo del FEEF; pero incluso así tendrían que cumplirse las condiciones y sus controles desde fuera; lo que valdría naturalmente aun más si España pidiera “por fin” en forma debida el rescate en el FEEF, para que pudiera ayudársele a fondo. Lo cual el gobierno de Rajoy durante meses rechaza como“evitable” (SZ, 31-10/1-11-2012). El gobierno apuesta por que ya la disposición por parte del FEEF y del BCE de acreditar a España pudiera quizás proporcionarle intereses más baratos en los mercados de capital para su refinanciamiento. Así quizás se pudiera evitar la sumisión bajo el régimen del FEEF. Los alemanes dejan saber que finalmente aquella solicitud de ayuda es asunto solamente de los españoles. Pero insisten, muy conformes en este punto con el gobierno español, en que la crisis solo se pueda superar con la más severa austeridad presupuestaria. No obstante, anuncia Rajoy, …que su gobierno no aceptaría que se dictase ‘desde fuera’ de qué modo se tuviese que sanear el presupuesto estatal, … una troica como en Grecia, Portugal o Irlanda, controlando las cuentas y los libros, no entraría por tanto en consideración. Simplemente, España no quiere ceder ninguna pieza de soberanía.” (SZ, 13-9-2012) Y en la cumbre del otoño de 2012, Alemania logra que la unión bancaria no se realizará ya el año próximo sino solo en 2014. “Calidad, no velocidad” es la lección. Lo que implica que, por el momento, España tiene que financiar los 40 mil millones para su banca ella misma y sumarlos a sus deudas generales: “Alemania frena el rescate inmediato de España”, “Alemania cierra puertas a España” (El País, 1-10 y 19-10-2012). En cambio, Rajoy en diciembre aclara que no era España la indecisa por lo de pedir el rescate sino Berlín: Alemania “no quería que España pidiese el rescate porque Angela Merkel tenía miedo de someterse al veredicto de su parlamento”. (Rajoy en El País, 16-12-2012)

Las demandas de rescate de España y las reivindicaciones de condiciones especiales que protejan derechos de soberanía se basan en una esperanza: los poderes garantizadores del euro que quieren imponer al país un control exterior, por otro lado no pueden permitirse una quiebra española de tal magnitud y menos una salida del euro del país. Ella implica quizás una extensa devaluación de activos extranjeros en números jamás vistos, como los 434 mil millones de euros del saldo negativo del sistema europeo de pagos (nivel de agosto 2012, bde.es/Datenbank) o los alrededor de 1,8 billones de euros a los que se suma el endeudamiento total de todo el sector público español (nivel 30-6-2012, bde.es). Equipados de esta manera, se baten una España, al borde de la insolvencia, y los actores controladores y los poderes del euro, sintiéndose amenazados por una quiebra española. Mutuamente se confrontan con pretensiones incompatibles, tocando casi siempre “las últimas cuestiones” de la soberanía española y del rigor y de la capacidad de imponerse de los controladores –naturalmente solo por el bien de los asuntos comunes.

El público alemán, entonces, muy parcial a favor de la “suya” tutela sobre estos endeudados mediterráneos de poca confianza, extrañado se encuentra delante de cabezotas ibéricos que “no quieren ceder ni una pizca de soberanía”. Como si la cesión de la gestión presupuestaria en España solamente fuese un pequeño, además “inevitable” trocito de renuncia a la autogestión. Esto como mínimo convierte la oposición real entre los partidos en una bagatela. Sin embargo, su intrínsico carácter antagónico está bien conocido por ambos lados.

El presupuesto español: autogestionado y de depauperación –un programa de resocialización político-económica para la recuperación de la credibilidad

Las condiciones consiguientes de las ayudas crediticias de Europa, España de todos modos las considera recortes inaceptables de su soberanía. Como tales ataques inminentes a la libertad de la nación, el Gobierno rechaza las exigencias de austeridad convirtiéndolas en compromisos de su propia soberanía: desde el primer día de su subida al poder, el gobierno conservador se dedica al programa de sanear el crédito de España y consolidar el endeudamiento de las arcas públicas mediante una economía estricta. Lo intenta con todos los rigores sin tener en cuenta que de esta manera dañaría una vez más la economía y que la deuda española a pesar de todo no baja sino sube. Se decretan subidas masivas de impuestos con las que el gobierno central y las autonomías retienen partes mayores del poder adquisitivo de la sociedad.[ 17 ] Las partidas presupuestarias llamadas “inversoras”, es decir las que sirven de una u otra manera al desarrollo económico, se cortan por un 57 % respecto al presupuesto de Zapatero en 2011. Y además el gobierno reduce de manera drástica las asignaciones financieras a las Comunidades Autónomas, responsables de sanidad, educación y de asistencia social.

Al pueblo español se le exigen los sacrificios “necesarios” para el “saneamiento de la economía”. Las “reformas del mercado laboral” del gobierno del PP empujan de nuevo las cifras del paro. Se facilitan despidos anulando y recortando compensaciones hasta ahora pagadas. Se abaratan para las empresas despidos de aquellos dependientes que les parecen de sobra, para que se atrevan a volver a contratarlos porque ya es más fácil volver a deshacerse de ellos. Con lo cual y mientras tanto, en España un cuarto del potencial laboral y más de la mitad de los jóvenes se encuentran fuera de servicio. También el sector público, incluidas las regiones, se deshace de grandes segmentos de su personal.[ 18 ] Le producen menos costes recibiendo el mísero subsidio de paro que si estuviesen en sus nóminas. Los costes para el resto de los que se quedan, se rentabiliza con permanencia quitándoles porciones de su sueldo y subiéndoles la jornada laboral. Mientras tanto, unos millones de gente joven van tirando sin escuela, sin estudios universitarios, sin formación profesional o sin otra ocupación, lo que el público contabiliza como peligro para su capacidad y su disposición moral de generar a largo plazo esfuerzos productivos. Pero aquello no desvía a los políticos responsables de su camino.[ 19 ] El sector de la sanidad y el cuidado físico del pueblo “son los más afectados por los recortes” (El País, 29-9-2012). Se recorta solamente en un año un 22,6 % con un ahorro anunciado de unos 10.000 millones de euros, sin que esté claro (salvo unas pocas medidas: pagos suplementarios de los pacientes y recortes en el suministro de medicamentos),[ 20 ] dónde exactamente y cómo se van a extraer estos ahorros de la salud de los asegurados de la seguridad social. Mientras tanto, el PP impulsa su viejo proyecto de desarrollar los seguros privados y la asistencia sanitaria a base del negocio privado para la gente solvente. Lo impone contra el hasta ahora dominante sector de la sanidad pública y “demuestra” con la imposibilidad de financiar la Salud Pública, la superioridad de un sistema sanitario privatizado. En la región Madrid, gobernado por los conservadores, los médicos y trabajadores de la salud pública se declaran en huelga por tiempo indefinido contra los planes de privatización. Tras un par de semanas fenece paulatinamente y termina en grandes lamentos “contra el gran hachazo al Estado de Bienestar” (El País, 15-12-2012). El daño lamentable en ello, así se dice, supera con mucho lo que pudiese suceder a los pacientes en un sistema de sanidad, cortado por lo sano todo lo que es valioso: “la Sanidad Pública tal y como hasta ahora ha venido funcionando” en su forma actual constituye al parecer “un intenso motivo de orgullo nacional” y sería una “auténtica joya de nuestra corona institucional”. (El País, 1-12-2012) Esto lo ven de manera diferente los políticos del PP, generalmente teniendo en poco las joyas del Estado Social y de Bienestar: en estos momentos también pasa por encima del país una ola de desahucios sin precedentes históricos. Dado que cada vez más compradores de pisos suspenden sus pagos y mensualidades de crédito, los bancos embargan los bienes inmobiliarios, los sacan a subasta y efectúan desalojos sin piedad.[ 21 ] Al mismo tiempo hay debates extensos sobre el ajuste de las pensiones, dado que su “intangibilidad” fue una de las promesas solemnes del PP antes de las elecciones. Se discute si vale la pena la conservación del poder adquisitivo de los pensionistas en medio de los escasos recursos del presupuesto de ahorro y se establece la renta a partir de 67 en vez de la de 65, según el esquema alemán. Algunos gobiernos regionales, aunque ellos mismos al borde de la quiebra, declaran en el entorno de elecciones comunales la movilización de recursos propios para compensar pérdidas eventuales en la pensión o en la asistencia médica. Afrontan conminaciones del gobierno central, mientras este mismo entretanto decidió considerar la reducción del poder adquisitivo de los jubilados a causa del no-ajuste de las pensiones como una “medida de gran responsabilidad” (La Vanguardia, 15-12-2012).

De la lucha contra la crisis económica hacia la crisis política – los nacionalistas centralistas y los regionalistas radicalizan sus exigencias incompatibles al Estado

Las comunidades autónomas asalarian entretanto mucho más empleados públicos que el gobierno central y contribuyen cerca del 40 % a los gastos estatales, lo cual se realiza a base de una red complicada de tareas administrativas, ejecutadas exclusivamente o en común o por orden del gobierno en Madrid, y de competencias complejas de recaudación y distribución de impuestos. Sus finanzas están erosionadas a causa del hundimiento de sus ingresos fiscales por la crisis y su solvencia en los mercados de capital es casi nula. Se mantiene ésta en caso de duda solo por el fondo nacional del gobierno central. En estas circunstancias “el gobierno central exige a las autonomías el ajuste total de los presupuestos públicos para el año 2013” (El País, 16-10-2012), intentando de este modo cumplir con la reducción del déficit, exigido por Bruselas. Investigadores del Fedea, un instituto del Banco de España y ciertas grandes empresas lo consideran bastante “desproporcionado”. Y los líderes regionales se ven confrontados con un gran escándalo, algunos de ellos con un nuevo apogeo de las injusticias que les están reprochando desde siempre a los de Madrid. Las Comunidades se sienten cortadas de todos los recursos que les corresponden, imposibilitadas para hacer una política autónoma y económicamente en dependencia total del gobierno central, es decir de su voluntad y capacidad de organizar créditos de emergencia para las regiones. Sus derechos autónomos, consolidados y equilibrados en decenios, las ven minados y devaluados, y a su independencia frente a Madrid la ven arruinada. Tal situación, especialmente la gestión nacionalista de Cataluña no la quiere seguir tolerando. Apoya las manifestaciones de masas el día 11 de septiembre del 2012, la fiesta nacional, con la que los catalanes de siempre recuerdan la pena sufrida con la conquista de Barcelona y con la pérdida de la independencia a continuación de la guerra de sucesión en 1714. Aprovechando las emociones, convoca elecciones anticipadas en noviembre y, constituida una mayoría parlamentaria para los partidos separatistas, anuncia un referéndum de autodeterminación en el nuevo periodo legislativo.

Desde el punto de vista de los nacionalistas que gobiernan en Madrid, la falta de consideración frente a los intereses regionales es lógica concluyente, aunque los políticos regionales se viesen provocados y motivados a una nueva calidad de secesionismo. Al fin y al cabo, Madrid se ve desafiado a ultranza por la crisis financiera. Madrid debe la consolidación de las arcas públicas a los mercados igual que a Bruselas. A los mercados a los que quiere “regresar” Madrid lo antes posible como buen deudor y a los poderes controladores del euro que acechan Madrid con su “paraguas” de rescate. Debe a ellos todas las posibilidades de ahorro en el presupuesto y encima la prueba de su competencia y poderosa capacidad de imponerse en todas las cuestiones políticas relativas a la austeridad presupuestaria. Desde el punto de vista del gobierno central, es incuestionable esa demostración de saber tomar medidas rigurosas en toda la nación. Es la comprobación de su capacidad de obligar al pueblo, igual que a todos los miembros de la administración estatal a abaratarse sin alternativa. En otras palabras: es la comprobación de hacer todo lo que es apto para “generar confianza internacional” en un management nacional de crisis que tenga las circunstancias en el país muy bien montadas.[ 22 ] Con la ejecución de los dictados de austeridad y ante la dimensión de las tareas, no está para nada previsto el respeto a las sensibilidades regionales.

Tanto más sube la exasperación contra los que ponen con su subnacionalismo cortapisas a la nación en su camino complicado, contra los que arriesgan la estabilidad interna con su separatismo y sabotean la lucha contra la crisis en esos tiempos difíciles, en los que la nación más que nunca tendría derecho a solidaridad. A base de la situación jurídica y de las respectivas pretensiones, las aspiraciones independistas de Cataluña solo merecen oposición irreconciliable: que no tengan ni la menor oportunidad. Según las amenazas de Madrid, en caso de su secesión, se excluirá a la región de la UE y del euro, y Cataluña de ninguna manera sacará provecho de las ayudas crediticias europeas. Pero hasta allí no se va a llegar, porque se imposibilitará una separación con todas las fuerzas, y se da a entender a los amigos separatistas que ambiciones correspondientes no solo significan una grave ruptura de la constitución sino que por parte de los militares se pensará incluso en amenazas de uso de fuerza.[ 23 ]

Con esta rotunda negativa a cualquier compromiso con el nacionalismo regional Madrid pretende de nuevo confirmar que se trata de la salvación de la solvencia nacional, es decir del alimento más importante de todos los españoles y su Estado. Esto, por el contrario, es para todos los catalanes auténticos la más grande provocación imaginable. No solo se desvanece en los canales oscuros del ajuste financiero toda la riqueza, producida con la industria extraordinaria catalana y el talento habitual en la región, sino también la gente creativa y el pueblo entusmasiado queda sin recursos y altamente endeudado. Y los derechos de una estatalidad catalana, penosamente conseguidos en la lucha, se volatilizan. Desde siempre los protagonistas en la lucha por más autonomía han hecho el cálculo, que ahora vuelve a confirmarse: quien se pregunta dirigiendo los ojos precisa- y ciegamente a la meta: “vale la pena España para Cataluña”, encuentra con toda seguridad la respuesta correcta. Solo hay que mirar consecuentemente al ajuste financiero y jurídico, no desde el punto de vista del Estado Español compensando tareas estatales, sino desde el de la región, sometida a este ajuste y a su continuación en el marco de la actual gestión de crisis. La exasperación y la amargura siguen exactamente el mismo padrón en ambos bandos: los unionistas españoles consideran el separatismo catalán como traición a España, justamente al verse ésta en apuros, y lo combaten, mientras los nacionalistas catalanes consideran la política de crisis y la falta de consideración por parte del gobierno central como ultima “prueba” del daño que causan para sus intereses económicos y sus santos derechos. Los tiempos de conciliación se han pasado; finalmente hay que avanzar hacia la separación. Así, la situación financiera del Estado junto con el radicalismo del gobierno Rajoy, desesperadamente decidido y furioso, desechando cualquier miramiento en el camino de la recuperación de la solvencia nacional, lleva consigo una crisis dentro de la crisis. Justamente la crisis económica acarrea una crisis del Estado español y de la estabilidad de sus instituciones. Esta seguramente no la han pedido ni los managers de la crisis, sea en España sea en Europa, ni tampoco los mercados.

[ 1 ] El INI fue creado con la finalidad de 'propulsar y financiar, en servicio de la Nación, la creación y resurgimiento de nuestras industrias, en especial de las que se propongan como fin principal la resolución de los problemas impuestos por las exigencias de la defensa del país o que se dirijan al desenvolvimiento de nuestra autarquía económica, ofreciendo al ahorro español una inversión segura y atractiva.' (Artículo 1.° de la Ley INI del 25 de septiembre de 1941) La economía del estado franquista sufrió de una falta de capital permanente y fue atendida ya desde los finales del años 50 por la OCDE y el Banco Mundial. La molestaron con múltiples planes de liberalización con objeto de relativizar la economía de autarquía. Solo parcialmente se pusieron en práctica estos consejos que provocaron peleas políticas entre economistas conservadores y reformistas.

[ 2 ] Este ideario de las obligaciones de la economía dentro del estado fascista, no estrictamente orientado por el mercado mundial y en la facultad de acceso para el capital extranjero, fue para aquel punto de vista una prueba sin par de la ingenuidad y el subdesarrollo, es decir de la urgente necesidad renovadora de una economía oprimida y bajo la tutela de un falso sistema político.

[ 3 ] Con la fundación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la “CECA”, ya se realizó la transición del control posguerra de los aliados sobre la producción siderúrgica alemana hacia la Unión Aduanera del Carbón y del Acero entre los estados del Benelux, Francia, Italia y Alemania, facilitando con lo cual a Francia el acceso al carbón coque alemán, acuciantemente necesitado, y a Alemania el continuo aumento de la producción siderúrgica. Ya en los años 60, los estados contratantes llegaron a tal competencia que la consideraron destructiva y la combatieron con el consentimiento de la CECA a través de cartelización de la venta con cuotas intercambiables entre las empresas. Esto no impidió al final de los años 70 la “enorme sobreproducción” (archivo Spiegel), a la cual, todavía a base de la CECA, se reaccionó en los primeros años 80: con nuevos “carteles de cupos”, con la distribución de cantidades de producción por las asociaciones nacionales de la siderurgia, con la regulación de precios en el mercado interior y con la reducción del exceso de capacidad, forzado por la Comisión de la CE. Desde los comienzos de las negociaciones de adhesión se incorporó a España en este proceso.

[ 4 ] En los años 80 p.ej. había solo en Asturias 22.000 mineros, hoy hay en toda España solamente 8.000. Las minas restantes se deben cerrar lo antes posible en el curso de la reducción de subvenciones que la UE admite solamente hasta 2018. Los salarios mensuales hoy en día son de unos 1.100 euros neto con una jornada semanal de 45 horas (según el portal de informe del sindicado alemán de mineros, www.igbce.de del 9 del junio de 2012)

[ 5 ] La tasa de inflación ya se ha bajado en 1986 y 1987 del 8,25 % al 4,6 % y así mitigado el impacto del pacto de Moncloa en el desarrollo salarial. (www.inflation.eu)

[ 6 ] El déficit de la balanza comercial se suma hasta la entrada en la CE, casi un cuarto de siglo, a mil millones de euros (calculado en euro). Después de la introducción del euro hasta culminar la crisis inmobiliaria, el déficit creció hasta un valor récord, nunca registrado, de aproximadamente 9.000 millones al mes. (bde.es/archivo histórico)

[ 7 ] Le ha cundido a la política española, tras duras luchas políticas de reparto con los demás países reclamantes, atraer por ejemplo en los años 1994 y 1999 un 55 % de los medios del Fondo de Cohesión. En los años siguientes de 2000 a 2006 se aumentó la cuota a un 62 %, bajo la amenaza del gobierno de Aznar de bloquear de lo contrario la adhesión de los países del Este, también combatiendo por los medios.

[ 8 ] Uno por ciento del crecimiento español del 2003, de un total del 2,3 %, proviene, al parecer, solo de las asignaciones del fondo de cohesión y del regional. (Según el portal de noticias Telepolis, 7-6-2004)

[ 9 ] Habría que mencionar entre otras la antigua Telefónica (fundada 1926), hoy líder en el mercado latinoamericano y realizando solo un cuarto de sus negocios en la Europa mediterránea, aunque con un endeudamiento en la altura de sus recursos anuales (60 mil millones); además varias inversiones de la industria automovilística y, después de la adhesión al consorcio Airbus, ya en 1971, la fundación de diversas plantas de producción e investigación para la EADS.

[ 10 ] La “corrupción urbanística”, término que enriqueció más tarde el uso del castellano por una nueva categoría delictiva, surgiendo de una cadena infinita de juicios de corrupción contra “concejales”, en su mayoría pero no solo, de las filas del PP.

[ 11 ] Esta “cultura” se les ha quitado de la cabeza a los españoles ya desde algún tiempo: “Un mercado de alquileres ha desaparecido en España casi completamente, a causa de duros controles de alquiler y una protección amplia del inquilino…” (informe de transición 2012 del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD)). Se ve: ¡donde no quedan arrendatarios ellos incluso aguantan las leyes duras a favor del inquilino!

[ 12 ] En 1993 los intereses hipotecarios en España todavía estaban en un 14 % y entre 1999 y 2007, descontando la inflación, en el promedio debajo de un 1,5 % (según Chr. Krefs en hispanorama.de, 15-6-2011). En parte –en los años 2004 y 2005– se consiguieron intereses negativos con tasa de inflación del 3,23 y 3,74 % y un interés hipotecario del 3,1 %. (www.inflation.eu y gráficos del euribor, deutschebundesbank.de)

[ 13 ] “Desde los primeros años del siglo XXI, por cambios estructurales y por la desregularización de la industria financiera se asignaron las afluencias del capital internacional al sector de los créditos hipotecarios. EEUU, … , España e Irlanda vivieron numerosas pérdidas de crédito por parte de sociedades de desarrollo de terreno edificable; esto causó una crisis bancaria.” (Informe de transición del BERD, ibídem). Parece que la única “falta” que se tiene que reprochar a esta “asignación”, es que alguna vez dejaron de desarrollarse sus negocios excelentes por muchos años.

[ 14 ] Esta quizá es la única palabra correcta de toda la palabrería: por el momento se puede observar lo que pasa cuando unos millones de españoles no pueden seguir pagando incluso lo último.

[ 15 ] Según una amplia encuesta el 95 % de los españoles indican que han cambiado a causa de la crisis sus hábitos de consumo y su “estilo de vida” (El País, 28-10-2012). Lo confirman las ventas en descenso en el comercio minorista a causa de las bajas de los sueldos y de las prestaciones sociales. Descienden desde 2007 por un 22,4 % (excluidas las ventas de coches que caen por un 30 %) (Eurostat.ec.europa.eu/Datenbank). Sin embargo la industria automovilística de España es una excepción notable. Mientras se produce actualmente en Europa un par de millones de coches más que se venden y las ventas en España han caído al nivel de los años noventa (El País, 30-10-2012), Ford anuncia inversiones de 200 millones de euros en España mientras cierra en Bélgica e Inglaterra tres plantas con 4.500 trabajadores (SZ, 29-10-2012); VW-SEAT anuncia para España inversiones de 800 millones de euros y Nissan de 300 millones; IVECO-Fiat quiere crear 1.200 puestos de trabajo y Renault deja competir a sus tres plantas más pequeñas con aquellas en Turquía y promete crear 1.300 puestos de trabajo para España si la plantilla concede todo lo que se quiere respecto a los sueldos, las jornadas y la “flexibilidad” del trabajo (El País, 9-10-2012). Parece que la industria automovilística descubre la situación de crisis como oportunidad. Los sueldos están a la baja y los obreros desmoralizados por el paro masivo. Y el sector de los coches especula con instalar una base de producción en España para afrontar la competencia que se agrava ante la sobreproducción en el sector, una sobreproducción que acaba de arrancar y acelera. Pero los anuncios, no se sabe, quizás se vuelvan a cancelar en el transcurso de la crisis.

[ 16 ] Los descuentos afectan a un 10 % de todos los créditos en las carteras de los bancos españoles. En total una suma de 179.000 millones de euros (FTD, 1-10-2012) que ya se puede considerar como “podrida”. Pero de los créditos hipotecarios especialmente “más de la mitad se cree en riesgo” (SZ, 4-10-2012).

[ 17 ] Se sube el IVA, se instala en algunas regiones un impuesto sobre el patrimonio y otro sobre la adquisición de bienes inmuebles y se deciden aumentos en los impuestos sobre ingresos de sociedades y empresas, sobre la renta de capital y sobre los ingresos por alquileres (El País, 29-9-2012).

[ 18 ] Desde finales de 2011, se han despedido a 220.472 trabajadores solamente en los servicios sociales y de la salud (El País, 2-10-2012). En total serán 300.000, de estos solamente en Andalucía 4.526 profesores y docentes (El País, 7-9-2012).

[ 19 ] Por parte de los competidores europeos, sobre todo de Alemania, se escanea el mercado laboral de España en búsqueda de mano de obra útil y altaneramente se ofrecen a la población “alemana” sustitutoria perspectivas para superar las “deficiencias del mercado de especialistas”.

[ 20 ] En algunas regiones se para el aprovisionamiento de medicinas porque la sanidad pública ha acumulado tantos retrasos en el pago que los proveedores dejan de suministrar.

[ 21 ] En los últimos tres años había aproximadamente 400.000 desahucios, amplios y cotidianos objetos de la prensa, especialmente porque ya se produjeron varios suicidios entre los desahuciados. Hasta fines de 2012 se sumarán 200.000 desahucios más porque muchos bancos esperan, antes de dar paso al banco malo, deshacerse de los pisos embargados a precios aún mejores que debajo de la presión de los descuentos que el banco malo provocará a escala nacional. Se esperan en total un millón de desahucios. (SZ, 9-11-2012) Los desahucios se llevan a cabo con toda la facilidad dado que la ley del año 1909 no conoce ningún respeto social. Por lo tanto entran en juego muchos y varios sentimientos morales cuando diariamente se echa de sus viviendas a viejos, moribundos y gentes sin ningún recurso vital. El gobierno no quiere ir más allá de la recomendación de un “código de Buena Conducta”, voluntario para la banca y aplicable en el caso de un comportamiento civil en el trámite del desahucio. Un cambio de ley dañaría “a la reputación de España y a la calificación de sus bancos”. (El País, 25-10-2012) A pesar de todo ello llegará a mediados de noviembre, también bajo la presión moral pública, y promulga un par de nuevos arreglos para los desalojos por fuerza de ley, siendo ellos interpretaciones tan estrechas que no van a dañar seguramente ni la reputación española ni la calificación de los bancos. Los desahuciados con todo ello encima siguen siendo responsables de los partes de crédito, todavía no liquidados a través de los ingresos por los pisos devaluados y subastados. Gran parte de los jueces se sienten demasiado agobiados por ello y en general por todo aquello de lo inmobiliario y se pronuncian por no aprobar algunos de los arreglos de esta ley mal vista. “Rechazan por abuso de la ley” (El País, 29-10-2012) demandas de desahucio, pedidas por los bancos, siendo ellos mismos culpables de todo el desastre. Quién sabe qué va a pasar en la próxima instancia o si se cambian los arreglos quizás. Mientras tanto el sindicado de policía llama a sus miembros, aunque con poco éxito, a no participar en los desahucios. (TVE, 12-11-2012)

[ 22 ] Está por ver si el gobierno Rajoy ante sus prestamistas, finalmente y a la larga, consigue la prueba de su fiable competencia gubernamental. Además de las protestas sociales y de las regiones reacias “molesta” al gobierno en 2013 un escándalo de corrupción que afecta a toda la cumbre del PP y expone también al jefe del gobierno a la desconfianza pública. Los “mercados” en todo caso reaccionan por ahora algo “nerviosos” y dejan volver a subir los réditos un poco, últimamente caídos…

[ 23 ] “Una Cataluña independiente solo habrá sobre mi cadáver y los de muchos soldados…” Los nacionalistas catalanes son unos “buitres”, con los que se tiene que acabar. Las fuerzas armadas defendían la integridad del país y “llevaban a cada uno por alta traición ante el consejo de guerra”, quien solo se suma a las preparaciones para la división de España (así un coronel del ejército, según Junge Welt, 6/7-10-2012). Igual, si es auténtica o no, esta cita del coronel, más tarde desmentida – una cosa señala: la exasperación entre los grupos parece tal, que la opinión pública al menos considera posible una amenaza abierta de una guerra civil contra los separatistas.